La propuesta de la Generalitat Valenciana  supone una inversión de 3.300 millones en los próximos cuatro años, 1.400 en infraestructuras y 140 para mejorar la climatización de las aulas. Además, incluye más de 7.700 nuevas contrataciones.

Mañana se conocerá el resultado de la votación del profesorado en una jornada en la que también se han convocado varias protestas.

El papa León XIV optaba por entrar por el acceso menor y no por la puerta de los Leones reservada para las grandes autoridades. En el interior le esperaba una cámara, llena hasta la bandera.

Ha sido uno de los actos más relevantes de la agenda de León XIV que ha generado una gran expectación. El máximo representante de la Iglesia ha defendido ante todos los presentes la necesidad de frenar la descalificación política, ha lanzando un mensaje contra el aborto y la eutanasia y ha destacado el desafío de la inmigración.

El discurso del pontífice terminaba con una larguísima ovación de casi 7 minutos, cortada por su marcha del hemiciclo.

La acampada instalada en la Plaza de la Virgen de Valencia se ha convertido en la imagen más visible de la huelga indefinida que el profesorado de la enseñanza pública valenciana mantiene desde hace más de tres semanas. Sin embargo, el conflicto atraviesa una nueva fase marcada por el descenso del seguimiento y por los avances parciales logrados en la negociación con la Generalitat.

Mientras decenas de docentes continúan acampados en el centro histórico para reclamar mejoras en la educación pública, la Conselleria de Educación defiende que en las últimas semanas ha presentado propuestas y alcanzado acuerdos con algunos sindicatos sobre cuestiones como las retribuciones y las condiciones laborales del profesorado. No obstante, los sindicatos mayoritarios STEPV, CCOO y UGT consideran insuficientes esas medidas y mantienen las movilizaciones.

La protesta llega además en un momento en el que el seguimiento de la huelga se sitúa en torno al 15%, lejos del impacto registrado durante los primeros días del conflicto. Pese a ello, los convocantes aseguran que la movilización sigue contando con un amplio respaldo y han intensificado las acciones reivindicativas con nuevas manifestaciones y la acampada permanente en la Plaza de la Virgen.

A la reivindicación educativa se ha sumado en los últimos días la polémica política por la ocupación de la plaza, coincidiendo con la celebración de los actos del 700 aniversario del Corpus. Ayuntamiento de Valencia y Delegación del Gobierno han intercambiado responsabilidades sobre una posible intervención para desalojar el campamento, mientras los docentes insisten en que mantendrán la protesta hasta que se produzcan avances significativos en la negociación.

Tras la aprobación por parte del Gobierno valenciano, el texto iniciará ahora su tramitación parlamentaria en Les Corts Valencianes, donde continuará el proceso para su debate y validación definitiva.

Desde la Generalitat han destacado que los presupuestos priorizan áreas como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda e infraestructuras, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y mantener el impulso económico de la Comunitat.

El Consell ha subrayado además que las nuevas cuentas buscan ofrecer “estabilidad y seguridad” en un contexto marcado por la inflación, el incremento de costes y las necesidades de financiación de las comunidades autónomas.

La aprobación de los presupuestos supone uno de los principales hitos políticos del ejercicio y permitirá activar inversiones, ayudas y programas previstos para 2026 en los distintos departamentos de la Generalitat.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha acogido este martes el inicio del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el ex secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, acusados de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

David Sánchez llegó a la sede judicial alrededor de las 9:45 horas accediendo por la puerta trasera del edificio, aunque no logró evitar ser captado por los medios de comunicación concentrados en el lugar. Minutos antes habían llegado el resto de acusados, entre ellos Gallardo.

Las dos primeras sesiones del juicio estarán centradas en las cuestiones previas planteadas por las defensas. Los abogados de David Sánchez han solicitado la nulidad del procedimiento alegando, por un lado, que la denuncia inicial presentada por Manos Limpias se sustenta únicamente en recortes de prensa y, por otro, que el supuesto delito habría prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde el proceso de adjudicación investigado.

Por su parte, la defensa de Miguel Ángel Gallardo ha pedido la nulidad parcial de la causa con el objetivo de excluir diversos hechos incluidos en el sumario.

A las puertas de la Audiencia también se pronunció la acusación, mientras continúa la expectación mediática en torno a un caso que ha generado una fuerte repercusión política y judicial.

La causa investiga una presunta trama organizada para obstaculizar procedimientos judiciales sensibles para el entorno socialista, desacreditar a mandos de la UCO y actuar contra jueces y fiscales relacionados con distintos casos de corrupción y con investigaciones que afectan al entorno del Gobierno.

Entre los imputados por el juez aparecen nombres de enorme peso político:

• Leire Díez, exmilitante socialista y exdirectiva en empresas públicas,
• Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE,
• Gaspar Zarrías, exdirigente socialista andaluz,
• Ana María Fuentes, gerente del PSOE,
• el empresario Javier Pérez Dolset,
• y el abogado Jacobo Teijelo.

Según los autos y las informaciones publicadas hoy por distintos medios, el juez sospecha que pudo existir una estructura coordinada para financiar operaciones dirigidas a influir en investigaciones judiciales, utilizando supuestamente sociedades interpuestas, facturas falsas y pagos encubiertos.

Uno de los elementos más delicados del caso son los audios y mensajes incorporados a la investigación. En ellos, según publica hoy El País, Leire Díez afirmaba: “Me ha mandado Santos ir [a Madrid]. Tenemos información que ayudaría al presidente”. El juez considera que esos mensajes podrían apuntar a una “unidad de acción y dirección” dentro de la presunta trama.

La investigación también analiza supuestas maniobras para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, jefe de Delincuencia Económica de la UCO, además de actuaciones dirigidas contra fiscales anticorrupción y magistrados vinculados a causas sensibles para el PSOE.

Los delitos investigados incluyen organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y obstrucción a la justicia.

La decisión implica el examen completo de las comunicaciones electrónicas —incluidas bandejas de entrada, salida y elementos eliminados— desde marzo de 2020, en el marco de unas diligencias que buscan reconstruir con precisión el rastro documental de las actuaciones vinculadas al rescate de la aerolínea.

Se trata de una de las medidas de mayor alcance adoptadas hasta la fecha en esta pieza de la investigación, que continúa abierta en la Audiencia Nacional y en la que el instructor mantiene activas varias líneas de análisis sobre el procedimiento de ayuda pública concedido a Plus Ultra durante la pandemia.

Según el documento, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría percibido más de 6,5 millones de euros a través de una sociedad cuyos empleados utilizaban software vinculado a la Universidad Complutense de Madrid.

El informe señala además que Begoña Gómez habría registrado a su nombre la marca y el dominio de una aplicación digital denominada Transforma TSC, asociada a su cátedra universitaria. De acuerdo con estas conclusiones, se trataría de una herramienta desarrollada con fondos públicos que habría sido posteriormente registrada para su explotación con fines comerciales.

Los populares citarán a declarar a varias personas consideradas clave en la investigación, entre ellas la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar; el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a quien se pedirá explicaciones sobre el aplazamiento de la deuda de la aerolínea con la Seguridad Social; así como otros nombres vinculados al entorno empresarial y político del caso.

Además, el PP también llamará a comparecer a Cristóbal Cano y a Manuel Aarón Fajardo, y no descarta nuevas citaciones, incluido el propio Zapatero y miembros de su familia. Los populares consideran necesario esclarecer el alcance del rescate de Plus Ultra y las posibles conexiones con decisiones administrativas y políticas, mientras que el caso sigue generando tensión política y nuevas reacciones en el ámbito institucional.

Tres preguntas. Es lo que ha hecho falta para que el presidente el gobierno, Pedro Sánchez, haya abandonado la sesión de control de hoy. 

Sánchez ha comparecido en un clima de máxima tensión política, con la oposición centrando sus preguntas en el caso judicial que afecta a Zapatero y en la gestión del Ejecutivo. Tras responder a tres interpelaciones, el presidente se ha marchado del hemiciclo, según la información publicada por El Debate, en medio de los reproches de la bancada contraria.

La sesión ha estado dominada por el choque entre Gobierno y oposición, con intervenciones especialmente duras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del resto de grupos parlamentarios.

El abandono temprano del presidente ha sido interpretado por la oposición como un gesto de falta de explicación política en un momento de alta presión institucional, mientras el Ejecutivo mantiene el discurso de respeto a la presunción de inocencia y al proceso judicial.

El caso de Zapatero ha irrumpido de lleno en la sesión de control y ha marcado el tono de un debate parlamentario especialmente tenso.

La decisión judicial sitúa por primera vez a un expresidente del Ejecutivo en el centro de una causa vinculada a esta operación, lo que ha intensificado el debate político y mediático en torno al caso.

La investigación continúa en fase inicial y deberá determinar el grado de implicación de los distintos actores en la gestión del rescate, así como si existieron responsabilidades penales o administrativas.

Reacciones políticas

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha mostrado su apoyo al exmandatario y ha defendido su trayectoria política. “No me creo que Zapatero sea un corrupto, sino al revés. Mis vivencias me hacen pensar en su inocencia”, ha señalado, reconociendo al mismo tiempo el impacto interno de la noticia.

Desde el Gobierno, la portavoz ha pedido prudencia y respeto al proceso judicial. En la misma línea de cautela se han expresado socios parlamentarios como Sumar, cuya portavoz ha reconocido tener dudas sobre la decisión judicial, y otras formaciones como ERC o Junts, que han evitado pronunciamientos contundentes a la espera de más información.

La oposición, en cambio, ha reaccionado con dureza. Desde el Partido Popular se ha calificado la situación de “extrema gravedad”, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descrito la imputación como “un escándalo internacional”. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado responsabilidades políticas y ha llegado a pedir elecciones anticipadas. También desde el PSOE han surgido reacciones de sorpresa. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que la noticia le ha dejado “de piedra”, mientras que la exministra Susana Díaz ha expresado su sorpresa y ha defendido la trayectoria del expresidente.

Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español sufre un retroceso y firma su peor resultado histórico en la comunidad, situándose como segunda fuerza política con una notable pérdida de apoyo respecto a anteriores comicios.

La formación de Vox también consolida su presencia en el Parlamento andaluz, mientras que las candidaturas situadas a la izquierda del PSOE mantienen representación e incluso mejoran ligeramente sus resultados en algunas provincias.

La participación ha sido uno de los datos destacados de la jornada, con un incremento respecto a elecciones anteriores, en un contexto político marcado por la polarización y la alta expectativa de cambio en el equilibrio de fuerzas.

El nuevo mapa político andaluz deja abierta la configuración del futuro Gobierno autonómico, que dependerá de posibles acuerdos o abstenciones entre partidos en las próximas semanas.

La protesta ha arrancado desde cuatro puntos distintos de la ciudad y ha convergido en el centro, generando una marcha que ha atravesado algunas de las principales arterias urbanas. Calles como Xàtiva y Colón han permanecido cortadas durante gran parte de la mañana, lo que ha provocado importantes retenciones y desvíos en el tráfico.

La huelga educativa, convocada por distintos colectivos del sector, mantiene su pulso con la Generalitat en torno a las condiciones laborales, la carga lectiva y las medidas organizativas en los centros. Los sindicatos denuncian una falta de avances en la negociación y reclaman una respuesta más clara por parte de la administración autonómica.

Por su parte, la Generalitat ha defendido en los últimos días su propuesta de mejora progresiva del sistema educativo, que incluye medidas orientadas a la reducción de ratios, la estabilización de plantillas y la aplicación de ajustes organizativos en los centros. El Consell insiste en que mantiene abierta la vía del diálogo, aunque recuerda que algunas de las reivindicaciones deben enmarcarse en los límites presupuestarios actuales.

Mientras tanto, la movilización se mantiene activa y no se descartan nuevas jornadas de huelga si no se producen avances en la negociación entre ambas partes.

La candidata del PSOE andaluz calificó como un “accidente laboral” la muerte de los dos guardias civiles fallecidos el pasado viernes mientras participaban en una operación contra el narcotráfico en aguas de Huelva, una expresión que rápidamente generó rechazo entre asociaciones policiales y distintos representantes políticos.

Los agentes murieron durante la persecución de una narcolancha, en un operativo marítimo que terminó con la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El suceso, ocurrido frente a la costa onubense, conmocionó a Andalucía y llevó incluso a decretar una jornada de luto oficial.

Las asociaciones de guardias civiles y varios sindicatos policiales reprocharon a la dirigente socialista haber utilizado una expresión que, a su juicio, minimiza el riesgo y la gravedad de una intervención vinculada a la lucha contra el narcotráfico.

La organización agraria alerta de la proliferación de cañas, maleza y residuos en distintos tramos del cauce y advierte del riesgo que esta situación podría suponer ante futuros episodios de lluvias intensas o una nueva DANA.

Según AVA-ASAJA, la acumulación de vegetación dificulta el paso del agua y podría agravar las consecuencias de una riada, especialmente en zonas agrícolas y municipios próximos al barranco. Por ello, reclaman labores urgentes de limpieza y acondicionamiento para prevenir posibles inundaciones.

La situación a bordo mantiene activos los protocolos de vigilancia epidemiológica tras confirmarse varios casos y posibles contactos relacionados con el brote. Además, se sigue la trazabilidad de pasajeros que han desembarcado en distintos puntos del recorrido, lo que ha incrementado la atención sobre una posible expansión del virus fuera del buque.

En España, el caso ha generado reacciones políticas cruzadas. Distintas comunidades autónomas han expresado la necesidad de contar con más información y coordinación con el Gobierno central ante la llegada del crucero a aguas españolas, así como claridad sobre las medidas sanitarias previstas.

Desde el ámbito político nacional también se han producido críticas a la gestión y a la comunicación del Ejecutivo en este tipo de situaciones, mientras que el Gobierno defiende que la actuación se está realizando en coordinación con organismos internacionales y siguiendo criterios estrictamente sanitarios.

En paralelo, las autoridades insisten en trasladar un mensaje de prudencia y en la aplicación de los protocolos de salud pública establecidos para el control de posibles contagios.

El crucero avanza ahora hacia Canarias bajo vigilancia internacional, a la espera de su llegada a Tenerife y del dispositivo sanitario que se active a su llegada.

En concreto, el magistrado desestima las alegaciones de la propia Gómez, del empresario Juan Carlos Barrabés y de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, y descarta por ahora el archivo del procedimiento.

En su resolución, Peinado sostiene que existen “indicios racionales y suficientes” que justificarían la continuación de la causa por los presuntos delitos investigados.

Además, defiende que el procedimiento debe mantenerse unido, al apreciar una “conexión necesaria” entre las distintas actuaciones bajo investigación, lo que, según su criterio, exige su análisis conjunto. La causa continúa así su curso judicial a la espera de nuevos avances en la instrucción.

Las declaraciones de la madre de Noelia Castillo han vuelto a reabrir el debate sobre la eutanasia en España. En un vídeo publicado recientemente, la mujer asegura que “se perdió una oportunidad con este gobierno” y reclama la desaparición de la actual ley de eutanasia, al considerar que “al final un comité decidió por ella”. A casi un mes después de la aplicación de la eutanasia sobre la joven la madre de Noelia ha compartido un vídeo en redes sociales donde pide, además, al presidente del PP, Alberto Nuñez Feijoo, que deroguen esta ley.

Con visible emoción, la madre de Noelia lanza además un mensaje contundente: “No quiero que haya más Noelias”, una frase que rápidamente ha comenzado a difundirse en redes sociales y que ha generado numerosas reacciones.

Las palabras de la madre de Noelia han vuelto a situar sobre la mesa uno de los debates más sensibles y polarizantes de los últimos años: el alcance de la ley de eutanasia, el papel de los comités médicos y la capacidad de decisión de las familias en este tipo de procesos. 

Así lo ha declarado durante su comparecencia como investigado en la causa que analiza las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia.

Según varias informaciones publicadas este martes, Aldama afirmó ante el juez que tanto Ábalos como Koldo García se referían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “el uno”, y sostuvo que “lo sabía todo”.

El empresario, considerado una figura clave dentro de la trama investigada, también habría señalado la existencia de supuestas contraprestaciones y gestiones vinculadas a adjudicaciones públicas.