Este martes se cumple un año del incidente más grave en el sistema eléctrico europeo en las últimas dos décadas. Doce meses después, la situación apenas ha cambiado en un punto clave: ningún actor implicado ha asumido responsabilidades.

Las investigaciones realizadas hasta la fecha coinciden en que el apagón tuvo un origen multifactorial, relacionado con un problema de tensión en la red y una concatenación de fallos en cascada. Todos los informes descartan la hipótesis de un ciberataque y apuntan además a que la generación renovable no fue la causa del incidente.

Sin embargo, las conclusiones no han servido para cerrar el caso ni para fijar un responsable claro.

Cruce de acusaciones entre operadores

En el intercambio de responsabilidades, Red Eléctrica defiende que la programación del sistema era correcta en el momento del apagón y sostiene que el incidente podría haberse evitado si algunas centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión hubieran cumplido con sus compromisos.

Las compañías eléctricas, por su parte, señalan directamente al operador del sistema. Critican que no se activaron todos los recursos disponibles para estabilizar la red y aseguran que la capacidad de control de tensión que se ordenó fue insuficiente y estuvo mal distribuida.

El Gobierno, mientras tanto, mantiene que no existieron avisos previos que anticiparan un riesgo de caída generalizada del sistema.

La CNMC abre decenas de expedientes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto 56 expedientes sancionadores a distintas empresas del sector energético en el marco de la investigación. Aun así, el regulador insiste en que estos procedimientos no implican por sí mismos la atribución del origen del apagón a las compañías investigadas.

Factura eléctrica al alza un año después

Más allá de las responsabilidades, el impacto del apagón también se ha trasladado a los consumidores. En el último año, la factura de la luz ha subido alrededor de un 13%, según datos del sector.

Este incremento se explica por los cambios introducidos en la operación del sistema eléctrico tras el incidente, con un mayor uso de centrales de gas y nucleares para garantizar estabilidad y aumentar la energía síncrona. Una medida diseñada para evitar otro apagón, pero que ha encarecido el coste de la electricidad.

Mientras tanto, un año después, el mayor apagón registrado en Europa en los últimos años sigue sin un responsable claro y con todas las grandes partes implicadas señalándose entre sí.

Lo ha hecho durante un acto en defensa del trasvase celebrado en Pilar de la Horadada, en el que también han participado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez.

Pérez Llorca ha defendido la “unidad de acción” entre la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía, y ha apelado a la “igualdad, la solidaridad y la justicia” en la gestión de los recursos hídricos.

El president ha criticado la postura del Gobierno de España, al que acusa de no garantizar el suministro en las zonas con escasez de agua, una situación que considera “más política que técnica”. En este sentido, ha pedido inversiones que aseguren el abastecimiento y ha defendido que “España dispone de recursos suficientes si se gestionan de forma equilibrada”.

Durante su intervención, ha puesto en valor la modernización del regadío en la Comunitat Valenciana, donde más del 74% de las infraestructuras ya están adaptadas, y ha destacado el plan de depuración de aguas EPSAR 2026-2030, dotado con 665 millones de euros para 122 municipios, con el objetivo de reforzar la reutilización del agua.

Bajo el trazado de dos calles de Montserrat, el agua ya circula por una red de saneamiento renovada..

El Ayuntamiento de Montserrat ha finalizado las obras de mejora del saneamiento y la accesibilidad en las calles García Lorca y Sant Antoni, además de la construcción de un nuevo colector de aguas pluviales hasta la avenida Jaume I.

La actuación ha permitido renovar la red de agua potable y alcantarillado en ambas vías, así como reurbanizar el entorno para mejorar la accesibilidad peatonal.

El nuevo colector también da servicio a la calle Dos de Mayo y tiene como objetivo mejorar la evacuación del agua de lluvia en episodios de fuertes precipitaciones, reduciendo posibles problemas de acumulación en la zona.

Las obras se han desarrollado durante aproximadamente 13 meses y han supuesto una inversión total de 519.205,95 euros, dentro del Plan de Inversiones 2022-2023.

Con esta actuación, el municipio continúa avanzando en la renovación progresiva de sus infraestructuras urbanas, especialmente en materia de saneamiento y drenaje.

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado un incremento de enfermeras y fisioterapeutas en el Hospital General Universitario de Elche ante la situación de “saturación” asistencial que, según denuncia, soportan distintos servicios del centro sanitario.

La organización sindical advierte de que la presión asistencial se traduce en una sobrecarga de trabajo para los profesionales, lo que puede afectar tanto a las condiciones laborales del personal como a la calidad de la atención que reciben los pacientes.

SATSE ha señalado que esta situación no es puntual, sino que responde a una falta estructural de personal que se agrava en determinados periodos de alta demanda asistencial, como ocurre en diferentes áreas hospitalarias y de atención primaria del departamento de salud.

Desde el sindicato se insiste en la necesidad de reforzar las plantillas de enfermería y fisioterapia para garantizar una atención segura y adecuada, así como para reducir la presión sobre los equipos sanitarios.

El Hospital General de Elche ha sido objeto de denuncias similares en los últimos años por parte de distintas organizaciones sindicales, que alertan de episodios recurrentes de sobrecarga asistencial en el sistema sanitario.

Durante su declaración como testigo, Rajoy rechazó de forma reiterada las afirmaciones de Bárcenas, calificando como “absolutamente falso” que recibiera dinero o documentación relacionada con la contabilidad B del partido o que tuviera conocimiento de una operación para espiar al extesorero.

El exdirigente del PP también negó haber destruido documentos relacionados con la supuesta caja B del partido, en contra de lo declarado por Bárcenas, quien sostiene que existieron grabaciones y pruebas sobre estos hechos.

Rajoy ha insistido en que su relación con Bárcenas fue estrictamente profesional y que no formaba parte de su círculo de confianza dentro del partido.

El caso Kitchen investiga una presunta operación del Ministerio del Interior durante gobiernos del PP para intentar recuperar documentación sensible en poder del extesorero, en el contexto de los casos de corrupción vinculados al partido.

Este martes se han registrado largas colas en distintas oficinas municipales de Elche, en el marco de la tramitación de documentación vinculada a procesos administrativos de regularización.

La elevada afluencia de personas ha provocado esperas desde primera hora de la mañana en las OMAC, donde se gestionan distintos certificados necesarios para completar expedientes. Varios vecinos denuncian una situación de saturación en el servicio, con lentitud en la atención y dificultades para realizar otros trámites municipales, más allá de los relacionados con este proceso.

Los ciudadanos consultados señalan que la situación está al límite por momentos y que las esperas se están generalizando también para gestiones habituales del día a día.

El aumento de la demanda en este tipo de trámites está generando picos de saturación, según reconocen fuentes municipales, que trabajan en la reorganización de recursos para intentar agilizar la atención.

La situación está teniendo impacto en el funcionamiento habitual de los servicios administrativos en la ciudad.

La decisión forma parte de la instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de estas viviendas públicas.

Entre los investigados se encuentran exresponsables políticos, altos funcionarios municipales y autonómicos, personal técnico y varios adjudicatarios del residencial, según consta en la causa judicial.

La investigación analiza posibles delitos relacionados con la adjudicación de viviendas protegidas, incluyendo presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes y en los controles aplicados durante el proceso.

El caso continúa en fase de instrucción, con nuevas declaraciones previstas en las próximas semanas, mientras la jueza sigue recabando documentación para esclarecer el procedimiento completo.

El plan incluye igualmente ayudas directas orientadas al acceso a la vivienda, con especial atención a los jóvenes menores de 35 años. Entre estas medidas se contemplan apoyos al alquiler, la compra de primera vivienda y fórmulas como el alquiler con opción a compra.

Desde la oposición, especialmente el Partido Popular, se ha criticado el carácter “intervencionista” del plan y la financiación compartida con las comunidades autónomas, que deberán aportar en torno al 40% del presupuesto. Algunas comunidades gobernadas por el PP consideran que esta exigencia puede suponer una carga adicional y han cuestionado la eficacia real de las medidas planteadas, aunque no descartan acogerse a los fondos en función de las condiciones finales de aplicación.

En el ámbito de la oposición de izquierdas, formaciones como Sumar y Podemos han señalado que el plan resulta insuficiente, al considerar que no incorpora medidas regulatorias o fiscales más ambiciosas para frenar la especulación y la concentración de vivienda

El procedimiento, destinado a quienes ya habían solicitado cita previa dentro del sistema, ha generado desde primera hora una importante afluencia en oficinas de Extranjería, Seguridad Social y puntos habilitados como Correos, especialmente en grandes ciudades.

Largas esperas y dudas desde primera hora

En ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, cientos de personas han esperado durante horas en colas que en algunos casos comenzaban antes de la apertura de las oficinas. Muchos solicitantes han expresado incertidumbre sobre los requisitos y la documentación necesaria, lo que ha provocado retrasos adicionales en la atención y consultas constantes al personal de los centros.

En algunos puntos, la falta de información clara y la alta demanda han generado situaciones de desorganización puntual, especialmente entre personas que acudían sin tener completamente confirmada su cita o con documentación incompleta.

El dispositivo activado por la administración incluye más de 400 oficinas en todo el país, pero la demanda inicial ha superado las previsiones en varias zonas urbanas. El sistema está centrado principalmente en la recepción y registro de documentación, lo que ha contribuido a la acumulación de personas en espera durante toda la mañana.

La regularización exige cumplir requisitos como residencia previa en España, permanencia mínima y ausencia de antecedentes penales, además de aportar documentación acreditativa.

Sin embargo, organizaciones sociales señalan que la complejidad del proceso y la falta de información homogénea están dificultando el acceso en el primer día de aplicación.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026, por lo que se espera que la situación se estabilice en los próximos días a medida que se refuercen los sistemas de atención y se reduzca la presión inicial.

En concreto, Vox asumirá la Vicepresidencia de Servicios Sociales, Familia y Desregulación, así como la Consejería de Agricultura y Ganadería. Además, contará con representación en el Senado autonómico.

El acuerdo incluye un programa conjunto de 74 medidas distribuidas en distintos ámbitos de gestión, entre los que destacan políticas económicas, sanitarias, educativas, de vivienda, energía e inmigración, así como reformas en materia fiscal y de organización administrativa.

La investidura de María Guardiola está prevista para la próxima semana, tras la convocatoria del debate en la Asamblea de Extremadura. Una vez superado este trámite, la toma de posesión del nuevo Ejecutivo se producirá de forma inmediata.

Desde ambas formaciones se ha subrayado la voluntad de dar estabilidad al gobierno autonómico durante la legislatura y de poner en marcha las medidas acordadas en el pacto.

Valencia está registrando en los últimos días un importante aumento de la afluencia de personas extranjeras en oficinas de atención administrativa, especialmente en el padrón municipal y en consulados como el de Colombia, lo que está generando saturación y esperas prolongadas.

El fenómeno se produce tras el anuncio del proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, que ha provocado un “efecto llamada” entre ciudadanos que buscan información o intentan anticipar sus trámites antes de la apertura oficial del procedimiento.

Aunque la tramitación no comenzará hasta el mes de abril, numerosas personas se están desplazando ya a estas oficinas para solicitar citas, resolver dudas o iniciar gestiones previas, lo que ha tensionado el funcionamiento habitual de algunos servicios.

Ante esta situación, distintas administraciones han solicitado refuerzos de personal y más medios materiales para poder hacer frente al incremento de la demanda y evitar el colapso de la atención al público.

Fuentes consultadas señalan que la presión sobre el sistema podría aumentar en las próximas semanas, coincidiendo con la cercanía del inicio formal del proceso de regularización.

El Ejecutivo autonómico argumenta que la medida se ha aprobado “sin previsión suficiente ni recursos”, lo que, según señalan, podría provocar una saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Desde la Generalitat también se critica la falta de coordinación con las comunidades autónomas y la ausencia de una memoria económica clara que evalúe el impacto real de la medida en los sistemas públicos.

El Consell ha avanzado además que solicitará la adopción de medidas cautelares mientras se resuelve el recurso, con el objetivo de evitar posibles efectos inmediatos sobre la gestión de los servicios autonómicos.

El magistrado ha acordado el procesamiento de Gómez tras concluir la fase de instrucción, al apreciar indicios de delito en relación con su actividad profesional. En concreto, la resolución judicial apunta a posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

La investigación se centra en su papel en proyectos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid y en las relaciones con determinadas empresas privadas. Junto a Gómez, el juez también ha decidido procesar a otros implicados en la causa, entre ellos una asesora de Moncloa y varios empresarios.

Desde el Gobierno, la reacción ha sido de respaldo cerrado. Pedro Sánchez ha insistido en su confianza en la justicia y ha defendido la inocencia de su esposa, enmarcando el caso en un contexto de presión política. Mientras, desde la oposición se reclaman explicaciones y se exige asumir responsabilidades. El caso, que se inició hace meses a raíz de diversas denuncias, ha estado rodeado de polémica desde sus primeras fases. La decisión de procesar a la esposa del presidente añade ahora un nuevo elemento de tensión al panorama político, en un momento marcado además por la agenda internacional del jefe del Ejecutivo.

A partir de este punto, el procedimiento judicial continuará su curso y será la Audiencia Provincial la que determine si finalmente se abre juicio oral. Hasta entonces, el caso seguirá centrando el debate público y político en España.

El conjunto de actuaciones se ha presentado tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social, en la que han participado representantes del Consell, la patronal y los sindicatos. El plan incluye diferentes líneas de actuación dirigidas a hogares, autónomos y empresas, con medidas de apoyo económico, facilidades de financiación a través del Institut Valencià de Finances (IVF), y acciones orientadas a paliar el incremento de costes energéticos y financieros.

Asimismo, el paquete contempla instrumentos fiscales y ayudas directas e indirectas destinadas a reforzar la actividad económica y proteger a los colectivos más afectados por el contexto internacional. Desde la Generalitat se ha subrayado que se trata de una respuesta coordinada con los agentes sociales para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la situación geopolítica actual.

Las medidas se irán desplegando de forma progresiva en los próximos meses.

El conflicto surge tras una decisión judicial relacionada con el ruido, que no prohíbe los festivales, pero sí obliga a cumplir de forma estricta la normativa municipal sobre contaminación acústica. Esta situación ha generado dudas sobre si los eventos podrán celebrarse en las condiciones previstas.

Los promotores advierten de que, sin una solución rápida, podría verse afectada la planificación de los festivales y el impacto económico que estos generan en la ciudad, estimado en decenas de millones de euros.

Por ello, reclaman una respuesta urgente para evitar problemas con el público y con la organización de los eventos.

El acuerdo de tregua de dos semanas, que incluye la reapertura segura del estrecho de Ormuz —uno de los principales corredores del petróleo mundial— ha reducido la tensión geopolítica y ha provocado que el barril caiga por debajo de los 95 dólares.

¿Por qué baja el petróleo?

El alto el fuego ha relajado las expectativas de interrupciones en el suministro global, lo que ha reducido rápidamente el valor del crudo en los mercados internacionales. En pocas horas, los futuros del Brent y del WTI han registrado caídas superiores al 13-15 % respecto a la jornada anterior.

En la Comunidad Valenciana: bajada “en papel”, pero no en el surtidor

A pesar de este desplome del petróleo, los conductores de la Comunidad Valenciana aseguran que el ahorro aún no se refleja en las gasolineras.

En provincias como Valencia, Alicante y Castellón, muchos usuarios consultados señalan que los precios “siguen prácticamente igual” pese a la caída del crudo en los mercados internacionales.

Expertos del sector explican que este desfase es habitual: aunque el petróleo baja en origen, el precio final del carburante depende también de márgenes de distribución, impuestos, costes de refinado y de la velocidad con la que las gasolineras ajustan sus tarifas.

Una percepción clara: “no se nota”

Tras meses de precios elevados por tensiones internacionales, cualquier bajada resulta poco perceptible para el consumidor medio. En la práctica, muchos conductores valencianos aseguran que llenar el depósito sigue suponiendo un gasto elevado.

Mercados en verde, bolsillos aún sin alivio

La caída del petróleo ha impulsado a los mercados bursátiles y ha generado alivio en el sector energético, pero el impacto en el bolsillo de los conductores de la Comunidad Valenciana todavía no se ha materializado. Los expertos advierten que la traslación del descenso del crudo a los precios en surtidor puede tardar días o incluso semanas, por lo que el efecto real podría no notarse de inmediato.

Durante la sesión ha declarado la responsable de personal de la empresa pública Ineco, Ana Araceli Arigita Bueno, quien ha señalado que la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, no siguió el proceso habitual de selección de personal.

Según su testimonio, se llegó a programar una entrevista de trabajo que finalmente no se realizó, y ha indicado además que desconoce si la contratación llegó a formalizarse conforme a los procedimientos internos de la empresa.

En otra parte de la sesión ha declarado el hermano de Koldo García, quien ha reconocido en sede judicial haber acudido en dos ocasiones a la sede del PSOE en la calle Ferraz para recoger dinero en metálico.

Según su versión, las entregas eran realizadas por una trabajadora del partido y posteriormente el dinero era entregado a su hermano o a la entonces esposa de este, Patricia Úriz. La primera de estas entregas habría tenido lugar el 16 de diciembre de 2020, de acuerdo con mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Asimismo, ha afirmado conocer la existencia de un sistema de sobres atribuido a Koldo García para clasificar distintos tipos de gastos, que según su declaración se diferenciaban entre “del partido”, “del ministerio” y “personales” vinculados a José Luis Ábalos.

Buenas noticias para los vecinos de Paterna. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado que el próximo 7 de abril reabrirá el centro de salud de La Coma, que llevaba cerrado cuatro meses.

El ambulatorio había suspendido la atención presencial tras episodios de agresiones y amenazas a profesionales sanitarios, que llevaron a que parte de la plantilla solicitara bajas laborales y se interrumpiera el servicio habitual.

El anuncio de la reapertura se hizo tras una reunión entre el conseller y las asociaciones de vecinos de La Coma y Más del Rosari, en la que se abordaron las necesidades sanitarias del barrio y los compromisos para reforzar la atención primaria.

Los vecinos han recibido positivamente la noticia, que devuelve un servicio básico de salud a la zona tras meses de derivaciones a otros centros cercanos.

Albaida cierra las cuentas de 2025 en positivo con un remanente de 814.000€

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento gasta menos de lo que ingresa, reduce la deuda y mantiene la inversión en la ciudad.

En el pleno ordinario del pasado jueves, el Ayuntamiento de Albaida dio cuenta de la aprobación de las cuentas de 2025, que cierran con superávit por segundo año consecutivo y un remanente de tesorería positivo de 814.000 € tras pagar todas las facturas pendientes. El alcalde, Juan Carlos Roses, destacó que “estos resultados reflejan la buena gestión de los últimos dos años, estabilizando un Ayuntamiento que encontramos al borde de la quiebra técnica y que estamos logrando reflotar”.

Frente a las dudas de la oposición, el alcalde aclaró que “la situación que encontramos al llegar al gobierno era complicada: el Ayuntamiento tardaba meses en pagar a proveedores y la deuda superaba los 7 millones de euros, con un período medio de pago de 120 días y un nivel de endeudamiento del 114%. En estos dos años, gracias al trabajo realizado, hemos reducido el plazo de pago a 16 días y se prevé que al finalizar el año, gracias al cierre positivo, la deuda quede por debajo de 4 millones, alrededor del 60%”.
A estos logros se suma la contención del gasto en personal, que se ha situado en 3,4 millones €, lejos de los 4 millones que auguraba la oposición cuando se aprobó el presupuesto, y que lo deja por debajo del 50% del gasto total.
Mientras tanto, la inversión en la ciudad no se ha detenido. Recientemente se finalizó el puente sobre el río Albaida, que se completará con el ciclo peatonal hasta El Palomar; se concluyeron las obras del colegio Elías Tormo, el colegio Covalta entra en fase final y el nuevo centro de día avanza rápidamente.

En el ámbito deportivo, se inauguró un circuito Pump Track que ya es un éxito entre los jóvenes y se construyen nuevos vestuarios con una inversión de 360.000 €, mejorando las instalaciones existentes. Al mismo tiempo, se han licitado las obras de reforma de “Casa Camarada”, el asfaltado de la carretera de Ontinyent y mejoras en el “Barranc del Sapo” y el “Pas de l’Anguilar”, y se trabaja en la renovación integral del parque junto al colegio Covalta, que incluirá nuevos juegos, vallado y mejoras de seguridad. La próxima finalización de la calle Verge del Remei así como el reasfaltado de la C/Ereta, sitúa a Albaida como uno de los municipios de la Vall con mayor crecimiento en inversión, sin recurrir a fondos propios.
“Cuando llegamos al gobierno nos propusimos dos objetivos: estabilizar el Ayuntamiento y ejecutar los proyectos estancados, además de impulsar nuevas inversiones. Más de dos años después, creo que lo estamos consiguiendo”, concluyó Roses.
El Gobierno de Albaida afronta el final de la legislatura con los deberes hechos, un Ayuntamiento estable y numerosas infraestructuras mejoradas, consolidando un cambio que ya es palpable para la ciudad y sus vecinos.

La decisión llega después de que inicialmente se restringiera su entrada en el marco de medidas de seguridad adoptadas en un contexto de elevada tensión en la región. Esta limitación generó preocupación en el seno de la Iglesia católica y críticas por parte de representantes religiosos y diplomáticos, al considerar que podía afectar al desarrollo normal de las celebraciones litúrgicas en un lugar clave para la cristiandad.

Desde el Vaticano y distintos responsables eclesiásticos se subrayó la importancia de garantizar la libertad de culto y el acceso de los representantes religiosos a los lugares santos, especialmente en fechas de alta significación litúrgica. El propio Patriarcado Latino de Jerusalén expresó su inquietud por la situación, insistiendo en la necesidad de preservar el carácter sagrado del templo y el normal desarrollo de los oficios religiosos.

Tras la polémica, las autoridades israelíes han dado marcha atrás y han autorizado el acceso del patriarca, permitiendo así que Pizzaballa pueda oficiar y participar en las celebraciones previstas en la basílica.

El Santo Sepulcro, gestionado por varias Iglesias cristianas —entre ellas la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa griega y la Iglesia apostólica armenia— es considerado tradicionalmente el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, lo que lo convierte en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo.