La aprobación del nuevo plan hidrológico que supone un importante recorte en el trasvase Tajo-Segura despierta polémicas entre las autonomías implicadas. Mientras que el gobierno de Murcia califica la decisión como “política y sectaria” y afirma que llevará esta cuestión al supremo, la Generalitat Valenciana deja en el aire la opción de recurrir.

El mantenimiento de las subidas anuales de caudal ecológico y la revisión de cómo se mide dicho caudal, la bajada de precio del agua desalada a 0,35, la concreción de una comisión bilateral a la que tendrá acceso la Generalitat y el programa de seguimiento y de inversiones son algunas de las propuestas que han apaciguado la tensión de los últimos días.

En términos generales, la consellera de Agricultura y Transición Ecológica valora positivamente los cambios presentados en el Real Decreto aprobado este martes respecto a lo que se planteó la semana pasada en el Consejo de Estado y se muestra optimista con las nuevas opciones que podrían garantizar la llegada del agua por otras vías.