La Consellería de Educación ha comenzado ya a pagar el recorte de conciertos que aplicó la legislatura pasada. En 2017 el conseller de Educación Vicent Marzá, con la intención de comenzar a recortar la financiación con dinero público de la escuela concertada, impuso un decreto en el fijaba nuevas bases para la renovación y acceso a los conciertos educativos en la Comunidad Valenciana y estableció de facto una supresión automática de las aulas concertadas.  Esto supuso una reducción en el curso 2017-2018 de un 13’8%. Los centros recurrieron a los tribunales que finalmente les dieron la razón. Primero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y después el Supremo señalaron que la Generalitat no podía cambiar una norma estatal a través de un decreto autonómico, y es que el Reglamento de Normas Básicas de Conciertos Educativos para España concede la renovación automática a los centros si continúan cumpliendo los requisitos por los que se les concedió el concierto. Este es el caso de los colegios que presentaron recurso.   Según Mariano Vivancos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y ex responsable de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, con el inicio del pago por parte de la Consellería, se está cumpliendo con un mandato, que se consigna constitucionalmente, que es ayudar a los centros que cumplan con los requisitos establecidos. “Los centros concertados a los que se privó de la financiación cumplían y ahora toca devolver esa cantidad, y resarcir una injusticia tanto con las familias que han soportado el pago de los gastos como con los colegios que han tenido que soportar el pago de profesores y gastos de las aulas." Mariano Vivancos ha calculado que el pago supondrá un gasto para la consellería de cientos de miles de euros. Afirma que ahora mismo la sentencia afecta a cinco centros, pero que los afectados son hasta 30, por lo que la cantidad se incrementaría considerablemente. Vivancos calcula que son ya una treintena las sentencias que acumula la Conselleria de educación en contra de sus políticas en temas referentes a centros concertados. Si se añadieran las referentes a otras cuestiones supondría un récord en sentencias contrarias y en favor de la educación privada sostenida con fondos públicos.