La Agencia Valenciana Antifraude cuestiona en un informe los sobresueldos que recibieron ocho ediles del ayuntamiento de Valencia entre 2015 y 1019. En este documento provisional AVAF concluye que el consistorio vulneró las limitaciones retributivas marcadas por la Ley de Bases de Regimen Local. Se trata de un complemento aprobado en 2015 que pretendía equiparar salarios en el Ayuntamiento de Valencia. Con este objetivo, se estableció una bonificación de la que acabarían sacando provecho 10 miembros del equipo de gobierno, entre ellos la socialista Sandra Gómez y el vicealcalde Sergi Campillo. Los hechos se remontan a 2015. Según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que establece un límite en el número de concejales con dedicación exclusiva, el consistorio valenciano tendría en esta situación a 25 de los 33 que componen el pleno. En este contexto, se buscó un subterfugio para eludir estas restricciones y conseguir que todos ellos tuvieran la misma remuneración. Joan Ribó presentó en el pleno del ayuntamiento una tabla retributiva que fue aprobada por unanimidad y que permitía aumentar los salarios de los concejales a tiempo parcial a través de un complemento retributivo. A través de este complemento irregular, hasta 10 concejales llegaron a percibir, en total, 772.576 euros. No obstante, el reparto no se realizó de forma equitativa. Por ejemplo, la vicealcadesa Sandra Gómez estuvo tres años sin percibir el plus. Tras recibir una denuncia anónima, la Agencia Valenciana Antifraude abrió una investigación formal que concluye que esos sobresueldos cobrados entre 2015 y 2019 son ilegales e injustificados. “Ni se motivaron ni se han acreditado las competencias y responsabilidades especiales de los tenientes de alcalde”. El complemento fue retirado en 2019 cuando empezaron a surgir dudas sobre su legalidad. En julio de 2019, en el arranque de su segunda legislatura como alcalde de Valencia, Ribó eliminó el complemento. Ocho ediles de la oposición se quedaron sin dedicación exclusiva en favor del equipo de gobierno. En este contexto, Antifraude sostiene que el complemento no estaba justificado y que no existen informes previos que diesen luz verde a esta compensación extra. En sus alegaciones, el equipo de Ribó señala que no había voluntad fraudulenta, sino que la intención era equiparar salarios y mantener los de la legislatura anterior. Antifraude, sin embargo, insiste en que se trata de una decisión arbitraria y tendrá que decidir ahora si abre procedimiento sancionar y si remite el expediente al Ministerio Fiscal o al Tribunal de Cuentas. El Ayuntamiento, por su parte, cuenta con 10 días hábiles para presentar alegaciones al informe de la Agencia.