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El TS respalda la reversión del hospital de la Ribera

  • Redacción
  • Publicado: 09/07/2021
  • Actualizado: 09/07/2021 · 11:05

El Tribunal Supremo ha sentenciado.

El Tribunal Supremo ha sentenciado. La reversión del modelo de gestión del Hospital de la Ribera a la red pública se ha hecho conforme a la ley. Da así la razón el tribunal al gobierno valenciano, que decidió no renovar la concesión al grupo privado acabando con lo que se conoció como modelo Alzira. Ribera Salud recurrió la resolución de 2017 de la Conselleria de Sanidad por la que no se renovaba la concesión de la gestión del hospital a la empresa argumentando que no contemplaba un estudio del impacto y repercusiones económicas para la Administración de la decisión, por lo que incumplía en su opinión la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya había dado la razón a la administración en este caso, por lo que la empresa decidió recurrir al Supremo, que finalmente se ha vuelto a decantar por la versión de la Generalitat. En un comunicado, el grupo Ribera Salud ha valorado que la sentencia del Tribunal Supremo y señala que, a pesar de ser contraria a sus intereses, marca “un antes y un después en los procesos de reversión de las administraciones públicas”, ya que “a partir de ahora, se ha definido la doctrina que obligará a todas las administraciones públicas a justificar las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios derivados de la decisión de revertir una concesión”. “A la vez, supone también, una garantía del principio de transparencia en la medida en que los ciudadanos conocerán previamente a su adopción, las consecuencias económicas que van a tener las decisiones de sus gobernantes”. Ribera Salud señala también en su comunicado que la decisión afectará al proceso de reversión de Torrevieja “porque pone de manifiesto que el modelo de reversión iniciado por la Generalitat se ha hecho de forma improvisada y sin consenso, y ahora, además, según el Tribunal Supremo, de manera ilegal, ya que en este caso tampoco se han justificado las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios de la decisión”.
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