El Gobierno ha pactado este lunes con los sindicatos UGT y CCOO el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que considera subir 0,6 puntos las cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresas. En caso de que este pacto logre la aprobación en el Congreso, las empresas tendrán que hacerse cargo de la mayor parte del aumento, el cual comenzará a aplicarse en 2023 y está previsto que dure hasta el año 2032 con el fin de rellenar la 'hucha de las pensiones'. De esta manera, se podría sostener el gasto en pensiones que provocará la jubilación de la generación del ‘baby boom’, es decir, de las personas nacidas entre 1946 y 1964, durante la explosión de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. No obstante, si este mecanismo no fuese suficiente, el Gobierno y los sindicatos han acordado que se adoptarían nuevas políticas de ingresos o de gastos para corregir el crecimiento del déficit. Los sindicatos consideran favorable que aumenten las cotizaciones sociales para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, la CEOE rechazó la propuesta del Gobierno al entender que “no es el momento de aumentar los costes empresariales y poner en riesgo la recuperación al erosionar la productividad y la competitividad de las empresas". Ayer lunes, CCOO y UGT aprovecharon la decisión de la CEOE para renegociar y lograr que la aportación de los trabajadores sea de un 0,1%, y el de las empresas un 0,5%, cuando la oferta inicial planteada por el Ejecutivo indicaba que el 0,4% correspondía a la empresa y el porcentaje restante al trabajador. Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó que la subida de las cotizaciones no va a afectar a la creación de empleo. Además, apuntó que la hucha de las pensiones podría acumular hasta 50.000 millones para 2032 y recalcó que, de no haber llegado a este acuerdo, las prestaciones podrían haberse recortado en un 2% a partir de 2023.