Los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno Central en el cual se modifican las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. El pasado mes de julio entró en vigor la medida y esta supuso la reducción de la transferencia mensual a 27 hectómetros cúbicos. El jueves se interpuso el procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo al considerar que esta medida es “arbitraria” y “extemporánea”, al mismo tiempo que “atenta contra los intereses de la provincia de Alicante", según la corporación provincial. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha declarado que, con este recurso, lo que se pretende es dar "un paso más en la defensa legítima" de la provincia de Alicante y de sus agricultores y regantes, señalando al Gobierno que “cuya hoja de ruta es liquidar definitivamente el trasvase Tajo-Segura, poniendo en riesgo el futuro de esta tierra, que es la huerta de Europa". Además, Mazón ha comentado que desde la Diputación de Alicante se han presentado otras alegaciones ante la situación de "continuos recortes" suscitados por el Ministerio de Transición Ecológica y se han respaldado algunas movilizaciones en defensa del trasvase, lo que según ha recalcado, "se intensificarán si, como nos tememos, el Gobierno de Pedro Sánchez no da marcha atrás en su funesto plan”. El presidente de la Diputación también ha comentado la previsión que tienen para diciembre de que se apruebe el incremento de los caudales ecológicos, afirmando que esto es “lo que dará la puntilla definitiva a esta obra”.