La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha dictado sentencia absolutoria para Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, presidente y consejero delegado de y Escal UGS SL, así como de la propia empresa, acusados de un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. La acusación pública solicitó en el juicio, que se inició el 8 de octubre, una petición para cada uno de los dos directivos acusados de 6 años de prisión y 15.600 euros de multa. Por otro lado, en la reclamación presentada por los 123 afectados de los terremotos provocados por el proyecto Castor, se exigía a la empresa concesionaria Escal UGS SL y a los dos directivos una indemnización de 1.845.000 euros por daños morales producidos por el pánico a causa de los 552 seísmos que se registraron en las poblaciones afectadas, según informó el despacho de abogados BCV Lex en representación de la asociación de afectados Aplaca. La acusación alegaba que se producía un delito por el riesgo de la vida e integridad física de las personas, así como por la ocultación de información a la administración y con un grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. La sentencia absolutoria, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, sostiene que los acusados “han actuado siguiendo la normativa vigente en el momento en que se produjeron los hechos y respetaron los términos de las autorizaciones administrativas y los parámetros operativos preestablecidos”. No obstante, el Tribunal no se ha pronunciado a cerca de las responsabilidades civiles derivadas del delito.