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Los regantes del Júcar sorprendidos al no incluir el Gobierno el Convenio de Alarcón en el Plan hidrológico del río

  • Redacción
  • Publicado: 23/07/2021
  • Actualizado: 23/07/2021 · 11:47

La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), entidad que aglutina a los 40.

La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), entidad que aglutina a los 40.000 regantes de la Acequia Real del Júcar, la Real Acequia de Escalona, la Real Acequia de Carcaixent, la Acequia Mayor de Cuatro Pueblos y las Comunidades de Regantes de Sueca y Cullera junto a los usuarios industriales del río, ha manifestado en un comunicado su “sorpresa e indignación ante la ausencia del Convenio del Embalse de Alarcón en el borrador del Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027 que, en estos momentos, se encuentra en fase de información pública.” USUJ afirma que la ausencia del Convenio de Alarcón en el borrador del nuevo Plan Hidrológico del Júcar, que sí recogían los planes hidrológicos de 1998, 2014 y 2016, pone en peligro el patrimonio hidráulico de las 40.000 familias valencianas y supone un agravio para los 40.000 regantes de USUJ y para el sector agrícola de la provincia de Valencia, especialmente, cuando las contraprestaciones de este documento están muy lejos de haberse conseguido. Los regantes reclaman que se respete sus derechos de agua, las condiciones económicas pactadas con el Ministerio para la cesión de la gestión del embalse de Alarcón, y la finalización de las obras de modernización de regadíos que deberían haberse culminado en 2009. Precisamente hoy se cumplen 20 años de la firma, tras años de duras negociaciones. de este importante acuerdo entre USUJ, el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana. A través de este acuerdo, el Convenio del Embalse de Alarcón, USUJ conseguía el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 1983 que obligaba a la administración a la entrega del embalse que había sido sufragado al 100% por la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, y cedía su gestión al Ministerio a cambio de una serie de contraprestaciones: la garantía de una curva de reserva de agua para asegurar el riego de nuestros cultivos, la ejecución a cargo de las administraciones públicas de las necesarias obras de modernización de nuestros regadíos y la exención de los gastos de gestión, mantenimiento y explotación del embalse durante 60 años.  
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