Pocas horas después de que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, dijera que se tomarían “las medidas necesarias que se encuentren” al alcance del gobierno valenciano si no se respetaba el acuerdo del Consejo del Agua en el decreto del Plan del Tajo llegó la peor de las noticias. 

El Gobierno de España confirmaba que la cláusula pactada con la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia para condicionar desde 2025 las restricciones temidas por los regantes era totalmente ignorada. 

Además, Acuamed ya ha confirmado que la subvención estatal del agua no se va a aplicar desde este nuevo año en la desalinizadora de Torrevieja. Así, el precio del agua al metro cúbico pasará de 0,45 euros a 1,30 euros. Tres veces más, convirtiéndose en algo inasumible para los agricultores. 

Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar y desde el Partido Popular valenciano ya han mostrado su rechazo. Su presidente, Carlos Mazón, destacó que el “Pedro Sánchez y Ximo Puig están recortando el trasvase Tajo-Segura de manera injustificada y casi ya sin solución”. 

Hace unas semanas, la coordinadora del Partido Popular en la comarca de la Vega Baja, María Gómez, ya avisó sobre otro de los problemas de esta decisión: “El aumento de la utilización de agua desalada por el recorte genera un riesgo serio de que suba el recibo a los ciudadanos como se advierte en el informe técnico de la Universidad de Alicante”.