La Conselleria de Igualdad de Mónica Oltra ha presentado alegaciones contra el borrador de la ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas elaborado por la Conselleria de Justicia, dirigida por Gabriela Bravo. Con esta propuesta, Justicia pretende modificar la ley para abolir la prostitución en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, Oltra considera que esta ley “no resulta adecuada” y “se enmarca en un discurso punitivista de la prostitución”. Además, expone que se trata de una “sanción indirecta” a las mujeres que ejercen la prostitución, lo que las “sitúa en un marco de mayor vulnerabilidad, especialmente a aquellas que menos recursos tienen o que se encuentran en situación administrativa irregular”. La Conselleria de Bravo propone que se permita a la policía clausurar los locales en los que se tenga constancia de que “se incite o fomente la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación, así como que se atente contra la dignidad humana o los derechos de las mujeres”. A su vez, se considerará infracción grave la solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales a cambio de precio o contraprestación. En este caso, Igualdad defiende que el cierre de espacios donde se ejerce la prostitución no va a terminar con estas prácticas, sino que fomentará que tengan lugar en otros sitios más clandestinos. “Si las personas prostituidas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad deberían adoptarse medidas para favorecer y garantizar la salida de esta situación, y no agravarla a través de la penalización indirecta de las mujeres que se dedican a la prostitución”, ha señalado la Conselleria dirigida por Oltra. Además, la consellera de Igualdad cree que las competencias de violencia de género corresponden a su departamento, por lo que acusa a la Conselleria de Justicia de que se "arroga" sus competencias.