El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, se sienta en el banquillo de los acusados junto a catorce personas más por el conocido como caso Alquería, en el que se investiga la supuesta simulación de siete contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra.

El juicio llega cuatro años después de producirse la detención del expresidente. La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para el actual alcalde de Ontinyent por presuntos delitos de prevaricación y malversación.

A su llegada al juzgado, Rodríguez ha manifestado que «venir a declarar no es agradable», pero «después de cuatro años llega el momento de hacer justicia». El acusado considera que ésta no es una causa compleja, sino «ceñida a siete contratos que pueden o no ser irregulares».

El Ministerio Fiscal señala en su escrito de acusación que los nuevos responsables de Divalterra «fueron diseñando un sistema artificioso de áreas de dirección, costoso para la empresa pública e inútil e ineficaz para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba».

Además, sostiene que este sistema «respondía a una exclusiva voluntad de favorecer a los miembros, afines o simpatizantes a los partidos político PSPV y Compromís, los cuales se estaban repartiendo las diferentes áreas en perjuicio del correcto y eficaz funcionamiento que debe presidir la gestión de una empresa pública».