A nivel nacional, el PSOE y Podemos han presentado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reducir las penas por el delito de sedición. Estos delitos cambiarán de nombre y pasarán a llamarse delitos de desordenes públicos, cuya pena máxima será de cinco años en lugar de quince.
Con esta reducción, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende beneficiar a aquellos que fueron condenados el 1 de octubre en Cataluña.
Preguntada por el asunto, la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, ha apoyado la reforma, asegurando que servirá para "homologarnos a la mayoría de los códigos penales europeos". "Es un acierto que refuerza precisamente derechos fundamentales y también libertades públicas", ha añadido.
Desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) han mostrado esta mañana su "indignación ante la última cacicada perpetrada contra las normas básicas de convivencia de los españoles con tal de seguir un minuto más en el poder".
El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha pedido al president de la Generalitat, Ximo Puig, que aclare si “es cómplice de Sánchez en su apoyo al secesionismo catalán en el delito de sedición”.
