El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que el Plan integral contra la ocupación de viviendas del ejecutivo valenciano tiene por objetivo "prevenir, combatir y reducir las actividades ilícitas asociadas al empleo ilegal", así como aumentar la seguridad y confianza de los propietarios y reducir problemas de convivencia.
El jefe del Consell ha indicado que esta iniciativa responde "al elevado grado de alarma social, desconfianza y deterioro de la convivencia y del mercado de la vivienda" que está provocando el empleo, para lo que es necesario dar "una respuesta coordinada, realista y eficaz, pero también sensible con la realidad social".
En este sentido, ha señalado que en los últimos catorce años “el número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en España se ha multiplicado por seis, al pasar de 2.702 en 2010 a 16.426 en 2024”, unos datos equiparables a los de la Comunitat Valenciana, que “ha pasado de 7 a 27. 2024”.
Para dar respuesta a este problema, el Consell está elaborando un plan transversal en el que están implicadas la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda; la de Justicia y Administraciones Públicas, y la de Emergencias e Interior, además de la de Sanidad. El presidente ha explicado que esta medida prevé la creación de una oficina de atención a las víctimas de empleo, que empezará a funcionar en las próximas semanas, y "que dispondrá de un sistema de atención telefónica para la asistencia inmediata a través del teléfono 012". Gracias a este plan "se ofrecerá asesoramiento personalizado y profesional de letrados, psicólogos y trabajadores sociales a los propietarios a través de la red de 37 oficinas de asistencia a víctimas del delito ya los 66 centros JustipProp que tenemos en los ayuntamientos de las tres provincias".
En este sentido, el jefe del Consell ha realzado que las víctimas de empleos, que suelen presentar importantes cuadros de estrés, ansiedad y frustración, "tendrán un acompañamiento desde el primer momento", desde estos centros, cuyos trabajadores se han estado formando durante los últimos meses en este aspecto.
Asimismo, ha explicado que también se ha formado de forma especializada los abogados que atienden a las víctimas, tanto de forma legal como psicológica, y que se elaborarán protocolos antiempleo para las actuaciones de policías y empleados públicos, de la mano del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía.
Otras medidas que incluye el plan son la redacción de una guía informativa sobre cómo prevenir el empleo y cómo actuar ante ésta, que se promocionará a través de los ayuntamientos con la participación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ya través de 012, y la firma de un acuerdo con los administradores de fincas “para difundir un protocolo de actuación ante situaciones.
Además, ha destacado que se formará a los policías locales y autonómicos a través del IVASPE para la asistencia inmediata ante delitos flagrantes de empleo, y que se creará una conexión telemática "que permita a los funcionarios de la Generalitat ya la Policía conocer al momento quién es el titular del inmueble ocupado ilegalmente para agilizar el proceso de Propiedad de la Comunitat Valenciana.
Otra de las medidas previstas es articular un sistema de coordinación con los Servicios Sociales para valorar posibles situaciones de vulnerabilidad, ha indicado Mazón, quien ha destacado que con este plan "desarrollamos al máximo todas las competencias de la Generalitat".
Reclamación al Gobierno
Carlos Mazón ha señalado que hace dos años, al llegar al Consell, "nos encontramos que más del 10 por ciento de las viviendas del parque público valenciano estaban ocupadas", más de 1.800 de 15.000. Una situación, ha dicho, en la que el Gobierno anterior "no hizo nada para evitar o corregir y, por eso, ahora pondremos solución".
Ante esta situación ha propuesto al Gobierno central ya las Cortes Generales una serie de medidas, como la derogación de la ley de vivienda que, según ha dicho, "ha sacado decenas de miles de viviendas del parque de alquiler por miedo, y que ofrece mayor seguridad jurídica al ocupante que al propietario".
Asimismo, el presidente ha reclamado reformar la normativa "para agilizar los procedimientos judiciales y evitar el calvario procesal que deben pasar los propietarios", reduciendo, por ejemplo, los plazos en los juicios verbales de desahucio.
Otras medidas solicitadas son el refuerzo de la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para agilizar las intervenciones inmediatas y la habilitación de un protocolo que coordine su trabajo para poder iniciar el proceso de recuperación expresa, o la introducción de desgravaciones en la propiedad de inmuebles ocupados sometidos a procedimientos judiciales, entre otras medidas fiscales.
