En un giro dramático y sin precedentes en la historia reciente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, considerado por amplios sectores nacionales e internacionales como autoritario debido a su prolongado ejercicio del poder y la supresión de procesos democráticos, ha sido capturado por fuerzas estadounidenses en una operación militar ejecutada a comienzos de enero de 2026. La operación, descrita por las autoridades de Estados Unidos como de “gran escala” y culminada con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se produjo tras meses de presión diplomática y la existencia de cargos formales en su contra por narcoterrorismo, tráfico de drogas y corrupción, presentados ante un tribunal federal en Nueva York desde 2020. 

Según fuentes oficiales, Maduro y Flores fueron trasladados fuera de Venezuela y se encuentran ahora bajo custodia en suelo estadounidense, donde enfrentarán un proceso judicial por cargos criminales graves, incluido narcoterrismo y conspiración, acusaciones que han sido motivo de sanciones y una recompensa millonaria para su captura desde años atrás. 

Esta acción militar ha generado reacciones contrastantes, tanto dentro como fuera de Venezuela. En varias ciudades, incluyendo Caracas y centros poblados de la diáspora venezolana en el extranjero, se registraron manifestaciones y celebraciones, con ciudadanos expresando esperanza por un cambio político profundo tras décadas de crisis económica, migración masiva y tensiones internas. 

Al mismo tiempo, la intervención ha suscitado preocupación internacional y debates sobre la soberanía y el papel de la comunidad global en la resolución de conflictos internos. 

La situación en Venezuela sigue siendo incertidumbre y volátil. La designación de una autoridad interina y los próximos pasos —tanto en lo político como en lo social y económico— están aún por definirse, con amplios sectores de la sociedad venezolana observando de cerca los desarrollos y esperando que esta etapa marque un punto de inflexión hacia la recuperación institucional y el restablecimiento de derechos fundamentales.

En paralelo, medidas financieras relacionadas con este acontecimiento ya se están tomando: países como Suiza han congelado activos vinculados a Maduro y su círculo cercano para evitar la fuga de posibles fondos ilícitos y explorar opciones de reparación a favor de la población venezolana.