La Asociación de Damnificados DANA Horta Sud Valencia, que representa a más de trescientas víctimas y afectados por la DANA, hoy día 29 de enero, cuando se cumplen tres meses desde la tragedia, ha presentado una querella, con más de cien asociados querellantes, en los Juzgados de Instrucción de Valencia. La querella es contra cinco miembros de la Generalitat Valenciana y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar por presuntos delitos de homicidio imprudente, delito de lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro.
Es el segundo peor desastre asociado a un fenómeno natural en la historia de España, superando a la gran riada de Valencia de 1957, con 81 fallecidos, y a la riada del camping de Biescas de 1996, que dejó 87 muertos.
La querella recoge que Salomé Pradas, máxima responsable de Emergencias, Emilio Argüeso, secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Alberto Javier Martín, director general de Emergencias, Jorge Suárez, subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias y Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) son responsables de varios presuntos delitos, de homicidio imprudente, de lesiones imprudentes, de daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro, siendo víctimas de tales delitos las más de cien familias querellantes, debido a la inacción de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos.
El equipo jurídico de Vilches Abogados, que ejerce la defensa de los afectados, ha presentado junto a la querella una investigación cronológica, 67 páginas en las que se recogen que, de haberse activado el sistema ES- Alert en el momento oportuno, no se habría producido la magnitud que tuvo la tragedia y que terminó con la vida de 224 personas, más las tres desaparecidas. En el documento presentado, Vilches Abogados hace un recorrido individual sobre las funciones y obligaciones que los querellados tenían, y sobre las decisiones que no tomaron.
Según han informado durante el acto se va a solicitar la declaración testifical del p residente de la Generalitat, Carlos Mazón: “El objetivo de esta querella es que se abra un procedimiento judicial para depurar las responsabilidades que tuvieron los querellados. La información aportada demostraría que a las 15 horas los querellados contaban con datos suficientes para haber activado el sistema ES-Alert, y que por causas que se desconocen, y que no se han explicado a la población, esa alerta a la población se envía a las 20.11 horas cuando ya el caudal del barranco del Poyo y el río Magro estaba completamente desbordado y habían llegado las riadas a las poblaciones”, explica el CEO de Vilches Abogados, Manuel Hernández.