La ley del ‘solo sí es sí’ sigue generando polémica. Entre las críticas de la oposición al Gobierno e incluso las batallas internas como en el caso del Botànic, la ley continúa levantando titulares prácticamente cada minuto.
Y es que la posibilidad de rebajar las condenas por abusos sexuales ha generado el principal punto de discusión. Mientras que desde el Ministerio de Igualdad acusan a los jueces de 'machistas', los propios jueces hablan de la fragilidad y las aristas abiertas.
La actual ley no distingue entre abuso y agresión. En este caso, genera un listado de delitos más amplio en el que se establece que la agresión no necesita intimidación para serlo. Así, las condenas pueden bajar a una horquilla de entre 4 y 12 años, una cifra inferior a los 6 y 12 años de la ley anterior.
La situación ha llevado ya a rebajar hasta 11 condenas por abusos sexuales y 5 personas han sido excarceladas. Y en Valencia, varios delincuentes sexuales han solicitado ya la particular rebaja de sus condenas.
La polémica en el gobierno del Botànic
Todo el aluvión de polémicas también ha llegado a la Generalitat Valenciana. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, afirmó ante los medios de comunicación que “es necesario plantear una reforma de la ley” y que “viene a beneficiar a los agresores y a perjudicar a las víctimas”.
Además, Bravo reconoció que desde el PSOE avisaron de la problemática que iba a generar la posibilidad de revisar las condenas.
Por su parte, el vicepresidente segundo, Héctor Illueca (Unides Podem), utilizó su cuenta de Twitter para criticar las palabras de Bravo y se refirió a que el problema “es la resistencia de un sector de la judicatura a los avances en materia de igualdad”.
El problema no es la ley del #SoloSíEsSí, es la resistencia de un sector de la judicatura a los avances en materia de igualdad. Los responsables públicos deberían evitar mensajes que generan inseguridad jurídica a las mujeres. #JuecesLegisladores https://t.co/CGTmxzcLfd
— Héctor Illueca (@Hector_Illueca_) November 16, 2022
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha seguido en la misma línea que Gabriela Bravo y ha reconocido que "hay que tomar consecuencias" si se producen "efectos negativos en una ley".
Por su parte, el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha sido más directo y ha dicho que con esta ley, "los violadores se frontan las manos".
