El Consejo de Ministros confirmaba ayer la peor pesadilla para los regantes alicantinos de la Vega Baja. El Gobierno aprobaba el recorte del Trasvase Tajo-Segura desoyendo las voces de los agricultores e incluso ninguneando al gobierno valenciano que, en boca del president de la Generalitat, Ximo Puig, había señalado el trasvase como irrenunciable. La modificación del Real Decreto 773/2014 supone la disminución de la cantidad a trasvasar de 38 a 27 hectómetros cúbicos cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía estén en nivel 2, lo que va a suponer un recorte anual de hasta 60 hectómetros cúbicos al año, y la puesta en marcha de los mecanismos para apagar el acueducto de forma definitiva. Además, el Consejo ha modificado las tarifas que renuevan cada dos años para el aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura, en cumplimiento de la Ley de aguas de 1980. El Real Decreto entrará en vigor, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Desde el sector agrario las reacciones no han tardado en llegar. La Unió de LLauradors i Ramaders lamentaba la decisión que, decían escenifica la persecución que mantiene el gobierno Central hacia la Comunidad Valenciana en materia hídrica. Los agricultores afirman que esta decisión supondrá la desaparición del trasvase. La organización agraria ha pedido al Consell que "se planten de verdad ante Madrid, que dejen de hablar de trasvase irrenunciable y que actúen hasta las máximas consecuencias para defender un agua que, además de un derecho, es una necesidad". La Unió se ha preguntado "cuál será la próxima afrenta que consienta el presidente Sánchez a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacia los intereses hídricos de nuestra tierra". La Unió ha incidido en la incertidumbre que siembra esta decisión entre los agricultores y productores, ya que pone en peligro la huerta de España y Europa.