La tensión continúa latente entre los populares. El partido sigue en pie de guerra desde que este miércoles saliese a la luz una supuesta investigación sobre la adjudicación de un contrato público del Gobierno madrileño por 1,5 millones de euros a la empresa de un amigo del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La primera en pronunciarse ha sido Díaz Ayuso que, tras conocer las filtraciones, no ha dudado en salir a defenderse y ha cargado este jueves contra la Dirección Nacional del partido al considerar que el hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad sino para “desprestigiarme personal y políticamente”. “Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente son lo peor que se puede esperar de los políticos y, además, lo hace desde el anonimato”, ha trasladado la presidenta en una comparecencia. En este sentido, Díaz Ayuso ha animado a que alguien demuestre que se ha movido para beneficiar a su hermano o a alguien de su entorno personal ya que “no tendrá ni una sola prueba de corrupción por mi parte”. A raíz de esto, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha anunciado que el partido va a abrir un expediente informativo a la presidenta madrileña por sus “gravísimas” y “casi delictivas” acusaciones. El expediente tiene por objeto “recabar información” y si se detectase alguna irregularidad, Díaz Ayuso podría ser sancionada con una suspensión de militancia e incluso podría ser expulsada del partido. Egea ha querido desmentir “de forma tajante” que el partido ordenara contactar con ninguna agencia de detectives, ni elaborar ningún dosier sobre Isabel Díaz Ayuso porque “si alguien lo hubiera hecho sería cesado por mí de inmediato”. El secretario general también ha comunicado que el PP “nunca ha imputado la comisión de ningún delito” y ha asegurado que emplazaron a la presidenta en una reunión a que aportara información sobre dicha cuestión y que no se ha recibido nada. Por su parte, Pablo Casado ha aparecido esta mañana para dar su versión de los hechos y ha asegurado sentirse “decepcionado” y “sorprendido”, pero también “con la conciencia muy tranquila”. El líder del PP cree que lo que ocurrió ayer es algo que “no merezco personalmente” y ha contestado que “no es verdad” nada de lo que escuchó. También hoy, Díaz Ayuso ha vuelto a manifestarse públicamente sobre este caso y ha expresado que “lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito o falta de ejemplaridad y que, por tanto, me tengo que defender”. Para rematar la traca, varios de los consejeros de Ayuso en la Comunidad de Madrid han comparecido para explicar el papel del hermano de la presidenta en este asunto. El consejero de Economía de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha declarado que el contrato se hizo con “absoluto y total respeto” a la normativa de contratación de emergencias y pasó todos los controles previos y posteriores. En la Comunidad Valenciana, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha aprovechado la fractura de la derecha para sumarse a las críticas del partido afirmando que “esto es como una transmisión generacional de la corrupción”.