Politica
Miles de personas se concentran en Génova para apoyar a Ayuso y pedir la dimisión de Casado
La preocupación entre los populares por la crisis interna que atraviesa el partido es cada vez mayor.
La preocupación entre los populares por la crisis interna que atraviesa el partido es cada vez mayor. Cerca de 3.500 personas se han acercado este domingo hasta la calle Génova de Madrid, donde su ubica la sede del PP, para mostrar su apoyo a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y pedir la dimisión del líder del PP, Pablo Casado, y del secretario general, Teodoro García Egea.
El partido se mantiene en pie de guerra desde que el pasado miércoles saliese a la luz una supuesta investigación sobre la adjudicación de un contrato público del Gobierno madrileño por 1,5 millones de euros a la empresa de un amigo del hermano de Ayuso. Los manifestantes están en contra de que se tache de ‘ladrona’ a la presidenta y han acudido a la concentración al grito de “¡Todos con Ayuso!”, «¡Ayuso a La Moncloa!» o «¡Queremos a Ayuso!».
La movilización, que ha tenido una duración aproximada de una hora y media, ha contado con gran presencia de agentes de la Policía Nacional que se encargaron de acordonar la puerta de la sede. En total se desplegaron cerca de 90 agentes de dos grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP).
La dirección nacional del PP ha informado este sábado de que se va a cerrar el expediente informativo a Ayuso que se abrió dos días antes, lo que ha propiciado la concentración de los simpatizantes de la presidenta. El partido ha tomado esta decisión después de que Díaz Ayuso aportara la información aclaratoria que se le solicitaba respecto a este tema, detallando que su hermano recibió un pago de 55.580 euros por las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario de emergencia procedente de China y su traslado a la capital de España. La presidenta madrileña ha asegurado también que todos los contratos de emergencia otorgados por el Gobierno autonómico pasaron los trámites legales pertinentes.
Por su parte, la oposición de la Comunidad de Madrid ha trasladado los hechos a la Fiscalía Anticorrupción, que será la que valore si los contratos realizados cumplen con la legalidad o no.
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