Politica
La Audiencia de Valencia archiva el procesamiento del Partido Popular y de 22 investigados más en la causa del 'pitufeo'
La Audiencia Provincial de Valencia ha archivado este martes la causa del presunto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, conocido como ‘pitufeo’, para trece exediles y asesores, al que se han sumado 22 investigados más este jueves, incluido el Partido Popular.
La Audiencia Provincial de Valencia ha archivado este martes la causa del presunto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, conocido como ‘pitufeo’, para trece exediles y asesores, al que se han sumado 22 investigados más este jueves, incluido el Partido Popular.
El juez y la Fiscalía determinaron que casi 50 personas habrían realizado una aportación de mil euros para la campaña electoral de Rita Barberá en las elecciones municipales de 2015, y que después, se les habría devuelto en dos billetes de 500, lo que supondría haber blanqueado 50.000 euros. Sin embargo, la Sala del Tribunal valenciano ha decidido revocar esta decisión al considerar que no hay indicios que prueben la comisión del delito por el que estaban acusados. El auto publicado este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha pronunciado sobre el archivo de la causa conta el Partido Popular, asegurando que “fuera de la irregular e ilícita actividad que se orquestó dentro del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, falta el enlace preciso y absolutamente necesario del conocimiento de que con este operativo se ayudaba y colaboraba en el blanqueo de capitales con la actividad delictiva previa origen del dinero”.
No obstante, los magistrados han acordado continuar con el procedimiento contra Juan Eduardo Santón, exconcejal y expresidente de la Fundación Valenciana de la Innovación y el Conocimiento (Fivec) y exdelegado del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD). La sección cuarta de la Audiencia ha desestimado su recurso de apelación contra el auto, que determinaba ciertos indicios de delito de malversación por parte del investigado por “la contratación con dinero público de trabajos que podrían no responder a la realidad”.
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