El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma laboral acordada por el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. La nueva norma ha salido adelante por un solo voto de diferencia; 175 votos frente a 174. La reforma laboral ha recibido el apoyo de los 154 diputados del PSOE y Unidas Podemos, los de Ciudadanos (9), PDeCAT (4), Más País (2), Compromís, del Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y del diputado del PP Alberto Casero. El voto de este último ha generado gran polémica ya que el partido asegura que ha votado telemáticamente ‘no’ a la convalidación de la reforma laboral, pero se ha contabilizado como un ‘sí’. El resto de diputados del PP (87) no han dado su consentimiento a dicha reforma, como tampoco lo ha hecho Vox (52), ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), Junts (4), CUP (2), BNG (1), Foro Asturias (1), Unión del Pueblo Navarro (2) y el Grupo Mixto. La postura de los dos diputados de UPN también ha dado de qué hablar. El presidente de UPN, Javier Esparza, manifestaba este miércoles que su formación se posicionaría a favor del proyecto “por responsabilidad, sentido de gobierno y sentido de Estado”. Sin embargo, el escenario ha dado un giro este jueves por la mañana cuando los dos diputados foralistas han expresado su rechazo al ‘sí’ de su formación. Sergio Sayas, uno de los diputados de UPN, ha asegurado en su entrada al Congreso que “me cuesta mucho defender una posición que no comparto, defender una decisión que ha tomado mi presidente. El partido ha dado una directriz que yo no comparto”. El otro diputado de UPN, Carlos García Adanero, ha opinado que la postura que ha tomado su formación es “un error”. Finalmente, los diputados han rechazado la opinión de su partido y han votado en contra de la reforma laboral. La votación ha mantenido su incertidumbre hasta el final. De hecho, un fallo telemático ha provocado un resultado erróneo que ha quitado incluso a la presidenta, Meritxel Batet a declarar derogada la petición. El fallo ha sido subsanado rápidamente y se ha rectificado el resultado, declarando aprobada la reforma. La nueva norma trae consigo una serie de cambios dirigidos, sobre todo, a combatir la precariedad laboral, aunque no modifica ninguna cuestión sobre los despidos y sus consecuencias. El contrato siempre será indefinido salvo por la sustitución de un trabajador o por circunstancias de la producción, con el fin de reducir la temporalidad. Los contratos de formación serán de dos tipos: alternancia, dirigido a la formación dual, y de prácticas, que dependerá del convenio de cada sector. Por otro lado, la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que la reforma tumba cualquier posibilidad de despedir de las Administraciones Públicas por factores económicos a los trabajadores fijos. En cuanto a los ERTE, la nueva norma ofrece facilidades para su tramitación y aplicación en las pymes. La reforma introduce el mecanismo estructural de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), llamado 'Mecanismo RED'.