Mientras los agricultores anuncian movilizaciones, el Consell defiende el acuerdo alcanzado con el Gobierno en el que se garantiza la continuidad del trasvase Tajo-Segura. La Abogacía General de la Generalitat Valenciana ha elaborado un informe, a petición del Consell, que sirve como base jurídica para exigir al Gobierno que respete el proyecto de real decreto "en los mismos términos en los fue aprobado" el pasado 29 de noviembre por el Consejo Nacional del Agua.

El informe expone que "no existe ninguna justificación jurídica ni técnica" por la que se deban cambiar los criterios fijados en el Consejo del Agua. Por ello, el documento señala que "no es necesario incrementar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo que garantizará la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura".

Asimismo, el informe concluye que el Supremo no se pronuncia "en ningún momento" sobre el aumento de los caudales ecológicos, sino que "únicamente señala que hay que fijarlos". "Es más, indica que a la hora de establecerlos hay que tener en cuenta una serie de variables, no sólo ecológicas, sino también socieconómicas y que la fijación de esos caudales no puede realizarse de manera indiciaria y sin la debida justificación", argumenta el documento.

El Partido Popular se ha pronunciado sobre dicho informe. El portavoz adjunto del Grupo Popular en Les Corts, Miguel Barrachina, ha criticado que la representante de la Generalitat se abstuvo en la reunión del Consejo Nacional del Agua "mientras todos los representantes del PP y de los regantes y agricultores estuvieron en contra de romper el acuerdo histórico de 2013".

Barrachina considera que el president de la Generalitat, Ximo Puig, "debe dejar de lanzar cortinas de humo en materia de agua" y le pide que diga "la verdad", ya que "el Gobierno del PSOE es quien va a recortar un 50% del agua con su complacencia”.