– Cinco personas están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia por presuntamente expoliar el patrimonio de una anciana octogenaria con alzhéimer, obteniendo un beneficio económico de 785.000 euros, según la Policía Nacional. Entre los investigados se encuentran dos abogados, la cuidadora de la víctima, un comprador de los inmuebles y un notario de la ciudad.
El caso ha adquirido un giro preocupante tras descubrirse que la anciana presentaba en su organismo restos de metanol, una sustancia química que puede resultar letal para una persona de su edad y con sus dolencias, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Por el momento, ninguno de los detenidos ha sido imputado directamente por tentativa de homicidio, aunque el juez mantiene abierta la investigación.
El magistrado recibió este miércoles, durante su servicio de guardia, a los cinco detenidos y, a petición de la Fiscalía, acordó su libertad provisional. Para cuatro de ellos —los dos abogados, la cuidadora y otro particular— se adoptaron medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias judiciales cada quince días. En el caso del notario, el juez consideró que los indicios de participación eran menores y no le aplicó medidas cautelares.
La investigación comenzó en junio de 2025 a raíz de la denuncia de la familia de la víctima, quienes alertaron que cada vez les resultaba más difícil contactar con ella o mantener encuentros presenciales. Ante la creciente preocupación, los familiares consultaron la situación patrimonial de la anciana en el Registro de la Propiedad y comprobaron que todos sus bienes inmuebles habían sido enajenados a un precio muy inferior al real.
Según la Policía, las operaciones fueron realizadas con el asesoramiento y la intervención de los dos abogados, quienes actuaban para el comprador y dejaron desprotegida a la octogenaria. Todas las ventas se realizaron ante el mismo notario, incluido el piso donde residía la mujer. En este último caso, la transmisión se hizo en régimen de nuda propiedad y se establecieron condiciones gravosas que ponían en riesgo la permanencia del usufructo de la anciana.
La cuidadora, que había sido incluida en el testamento y ejercía gran influencia sobre la víctima, se encargaba de extraer dinero de su cuenta, mientras que el notario se personó junto al comprador para realizar gestiones encaminadas a suprimir el usufructo, entrevistando vecinos y comprobando que supuestamente la mujer no residía allí, cuando sí era su vivienda habitual.
Durante las pesquisas, la Policía corroboró la participación activa de todos los implicados en las operaciones, realizadas en poco más de un año. Los delitos que se les imputan incluyen prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delitos contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional, respectivamente. Uno de los investigados contaba con antecedentes policiales.
El caso continúa bajo investigación, especialmente respecto al posible delito de tentativa de homicidio, mientras la Fiscalía y el Juzgado analizan los detalles de cómo se pudo perpetrar el expolio de manera sistemática aprovechando la vulnerabilidad de la víctima.
