González, que dimitió de su cargo tras admitirse a trámite la querella presentada por una inspectora, es acusado en el escrito de agresión sexual, coacciones, presión psicológica y abuso de autoridad en una vivienda oficial del Ministerio del Interior. La denuncia incluye audios que la víctima aportará como prueba al juez, y describe también una campaña de acoso telefónico y promesas laborales para silenciarla tras los hechos.

La agente, que optó por presentar la denuncia directamente ante un juzgado por temor a represalias internas, ha sufrido además la difusión de su identidad en grupos de agentes, lo que ha desencadenado mensajes de apoyo y también de presión, según ha declarado su abogado. Las filtraciones y la falta de aplicación efectiva de los protocolos internos han sido duramente criticadas por sindicatos y compañeras policías, que señalan fallos en los mecanismos de protección dentro de la propia institución.

El caso ha traído consigo una fuerte polémica política. El Partido Popular (PP) ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, acusando al Gobierno de haber tardado en actuar y de posibles encubrimientos.

Desde el Ministerio, Marlaska ha defendido la actuación del departamento y ha expresado que está dispuesto a dimitir si la propia víctima considera que no se ha sentido protegida, aunque su respuesta ha sido interpretada por algunos como insuficiente ante la gravedad de las acusaciones y la difusión de datos personales. Organizaciones dentro de la Policía han señalado que los protocolos actuales para tratar agresiones sexuales y violencia de género no están funcionando adecuadamente, especialmente cuando el presunto agresor ocupa un puesto con gran poder jerárquico, lo que desalienta a las víctimas a utilizar los canales internos de denuncia.

Además, el abogado de la agente ha lamentado que ni él ni su cliente hayan sido contactados directamente por el Ministerio tras conocerse el caso, y ha denunciado la presión mediática y social ejercida contra ella.