Las empresas organizadoras de festivales han solicitado una reunión urgente con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y con la entidad CACSA para aclarar la situación que afecta a unos 80.000 abonos ya vendidos.

El conflicto surge tras una decisión judicial relacionada con el ruido, que no prohíbe los festivales, pero sí obliga a cumplir de forma estricta la normativa municipal sobre contaminación acústica. Esta situación ha generado dudas sobre si los eventos podrán celebrarse en las condiciones previstas.

Los promotores advierten de que, sin una solución rápida, podría verse afectada la planificación de los festivales y el impacto económico que estos generan en la ciudad, estimado en decenas de millones de euros.

Por ello, reclaman una respuesta urgente para evitar problemas con el público y con la organización de los eventos.