Según las líneas generales del plan, alrededor del 40% de los recursos se destinará a incrementar la oferta de vivienda protegida mediante la promoción de nueva construcción y la adquisición de inmuebles para su incorporación al parque público. El programa también prevé actuaciones de rehabilitación de viviendas y entornos urbanos, así como medidas de mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad.

El plan incluye igualmente ayudas directas orientadas al acceso a la vivienda, con especial atención a los jóvenes menores de 35 años. Entre estas medidas se contemplan apoyos al alquiler, la compra de primera vivienda y fórmulas como el alquiler con opción a compra.

Desde la oposición, especialmente el Partido Popular, se ha criticado el carácter “intervencionista” del plan y la financiación compartida con las comunidades autónomas, que deberán aportar en torno al 40% del presupuesto. Algunas comunidades gobernadas por el PP consideran que esta exigencia puede suponer una carga adicional y han cuestionado la eficacia real de las medidas planteadas, aunque no descartan acogerse a los fondos en función de las condiciones finales de aplicación.

En el ámbito de la oposición de izquierdas, formaciones como Sumar y Podemos han señalado que el plan resulta insuficiente, al considerar que no incorpora medidas regulatorias o fiscales más ambiciosas para frenar la especulación y la concentración de vivienda