La Audiencia Nacional ha dado este miércoles un paso de enorme impacto político en el llamado “caso Leire Díez”. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, por orden del juez Santiago Pedraz, dentro de una investigación que ya apunta directamente a varios exdirigentes y cargos vinculados al partido.

La causa investiga una presunta trama organizada para obstaculizar procedimientos judiciales sensibles para el entorno socialista, desacreditar a mandos de la UCO y actuar contra jueces y fiscales relacionados con distintos casos de corrupción y con investigaciones que afectan al entorno del Gobierno.

Entre los imputados por el juez aparecen nombres de enorme peso político:

• Leire Díez, exmilitante socialista y exdirectiva en empresas públicas,
• Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE,
• Gaspar Zarrías, exdirigente socialista andaluz,
• Ana María Fuentes, gerente del PSOE,
• el empresario Javier Pérez Dolset,
• y el abogado Jacobo Teijelo.

Según los autos y las informaciones publicadas hoy por distintos medios, el juez sospecha que pudo existir una estructura coordinada para financiar operaciones dirigidas a influir en investigaciones judiciales, utilizando supuestamente sociedades interpuestas, facturas falsas y pagos encubiertos.

Uno de los elementos más delicados del caso son los audios y mensajes incorporados a la investigación. En ellos, según publica hoy El País, Leire Díez afirmaba: “Me ha mandado Santos ir [a Madrid]. Tenemos información que ayudaría al presidente”. El juez considera que esos mensajes podrían apuntar a una “unidad de acción y dirección” dentro de la presunta trama.

La investigación también analiza supuestas maniobras para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, jefe de Delincuencia Económica de la UCO, además de actuaciones dirigidas contra fiscales anticorrupción y magistrados vinculados a causas sensibles para el PSOE.

Los delitos investigados incluyen organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y obstrucción a la justicia.