La investigación judicial sobre el caso Plus Ultra ha dado un vuelco decisivo en la Audiencia Nacional. El empresario alicantino Julito Martínez Martínez, socio y presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, ha ratificado ante el juez José Luis Calama que el expresidente del Gobierno era quien «marcaba los pasos a seguir» en una extensa red de blanqueo y tráfico de influencias transnacional vinculada al régimen chavista.

Durante una declaración de más de tres horas, Martínez ha confirmado los hechos adelantados en su escrito judicial: la existencia de una comisión simulada y en diferido del 1% destinada a Zapatero por su influencia directa sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El objetivo fundamental de estas maniobras era asegurar la inyección de 53 millones de euros de dinero público a favor de la aerolínea Plus Ultra en plena pandemia, a pesar de que la compañía se encontraba en situación de quiebra técnica antes de solicitar el rescate de la SEPI.

La conexión venezolana: Delcy Rodríguez, «La Dama»

En su testimonio, el empresario ha desgranado la operativa internacional de la trama y ha apuntado directamente a la cúpula del régimen caribeño. Según su declaración, fue el propio José Luis Rodríguez Zapatero quien le introdujo en los negocios en Venezuela y le presentó a Delcy Rodríguez —actual presidenta interina del país y designada en las comunicaciones interceptadas bajo el nombre en clave de «La Dama»— como interlocutora directa para las operaciones mercantiles de la red.

El juez sitúa al expresidente socialista en la cúspide de una presunta organización dedicada a obtener beneficios millonarios a cambio de mediar en la concesión de ayudas públicas del Consejo de Ministros. Para canalizar estos cobros, se habría utilizado la mercantil Análisis Relevante, propiedad de Martínez, destinada a justificar supuestos servicios de consultoría ficticios.

Colaboración judicial y máxima gravedad política

Martínez ha mostrado en todo momento una estrategia de colaboración activa con la Justicia para esclarecer el destino de los fondos irregulares, siguiendo la estela de cooperaciones judiciales recientes como la del caso mascarillas. Aunque el investigado ha señalado no conocer quién ejecutó las órdenes concretas «aguas arriba» dentro de la SEPI y del Ministerio de Hacienda, la ratificación de que Zapatero coordinó el tráfico de influencias compromete seriamente el futuro procesal del exlíder socialista y eleva la presión sobre el actual Gobierno.