En 2020 el Ministerio de Transportes adoptaba una de sus decisiones más aplaudidas: eliminar el peaje en la AP-7. Ahora, un año y medio después, el Gobierno plantea imponer el pago por el uso de autovías como fórmula para financiar la conservación de las carreteras. La medida afectaría a los más de 300.000 vehículos que cada día pasan por la A-7, la Pista de Silla o la V-30. El plan del ejecutivo nacional es todavía muy impreciso, aunque sí ha trascendido que se baraja una propuesta de 1 céntimo de euro por kilómetro recorrido. La idea no ha gustado nada a los transportistas, que advierten de un posible aumento de los siniestros y una pérdida de competitividad. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística sostiene que muchos camiones se desviarán a vías secundarias, lo que aumentaría los accidentes. Además, señalan que el aumento de costes y trabas repercutirán de forma directa en la calidad del servicio y, por tanto, en la competitividad de las empresas. Ante el aluvión de quejas, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha matizado que, en caso de confirmarse la propuesta del Gobierno, se excluirían casos como los viajes por motivos laborales, por razones de estudio o incluso cuestiones relacionadas con la salud.

La conservación de carreteras acumula un elevado déficit

La Asociación Española de la Carretera, por su parte, sí respalda el plan del gobierno y recuerda la necesidad de responder al déficit que acumula la conservación de carreteras que, atención, es de 7.500 millones de euros. Con todo, y pese al revuelo ocasionado, el gobierno ha matizado que la propuesta no será efectiva hasta que la recuperación no sea real.