Hoy se celebra la segunda jornada del juicio de “caso Castor”, donde se trata de determinar la responsabilidad de la empresa Escal UGS, SL, participada mayoritariamante por ACS, y a dos de sus directivos en los  más de 500 seísmos que causó la inyección de gas en la plataforma submarina Castor, situada frente a las cosas de Vinaròs (Castellón) y clausurada desde 2017. Ayer declaraban ante el juzgado los máximos directivos de la empresa que gestionaba la inyección de gas, Recaredo del Potro y José Luis Matínez Dalmau. Quienes han señalado ante el juez que “nadie percibió el más leve temblor". Ambos acusados han incidido en que la actividad de la empresa en 2013 no alteró en ningún caso la peligrosidad de la falla de Amposta, y han defendido que la peligrosidad de esa falla sigue siendo la más baja de España. Del Potro y Dalmau han reconocido que conocían la existencia de microsismicidad en la zona, pero que esta era baja y poco peligrosa. Además de estos dos acusados declararán, a lo largo de once sesiones, un total de 189 testigos, 6 testigos peritos y 35 peritos. La Asociación de afectados por la plataforma Castor (Aplaca), que actúa  como acusación particular, pide una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los 123 vecinos afectados por los seísmos por lo daños morales producidos por "la ola de pánico generalizado" consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas. La acusación popular, por su parte,  pide seis años de prisión para cada uno de los dos procesados y una multa de 189.000 euros para la empresa acusada.

Los hechos

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos, más de 500, que notaron vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona. Algunos de ellos fueron sentidos por la población y nueve causaron "daños de consideración" en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.