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Las ITV piden al Consell más de 130 millones de euros por tarifas anuladas

  • Redacción
  • Publicado: 27/04/2022
  • Actualizado: 27/04/2022 · 11:58

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA - ITV), de la que forman parte siete empresas concesionarias, ha anunciado que van a reclamar judicialmente a la Generalitat Valenciana más de 130 millones de euros más intereses, debido a las rebajas de tarifas que la Generalitat aplicaba desde 2014.

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA - ITV), de la que forman parte siete empresas concesionarias, ha anunciado que van a reclamar judicialmente a la Generalitat Valenciana más de 130 millones de euros más intereses, debido a las rebajas de tarifas que la Generalitat aplicaba desde 2014. La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo comunicaba este viernes que el Pleno del Consell ha aprobado el Decreto ley por el que se autoriza la creación de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, Sociedad Anónima, como sociedad mercantil de la Generalitat, que tendrá como objeto la prestación del servicio público de ITV y que realizará las inspecciones técnicas de los vehículos por encargo de la Generalitat. “Este Decreto ley se enmarca en el proceso que ha iniciado el Gobierno valenciano, que está liderado por el Ivace, para implantar la gestión directa en la prestación del servicio de ITV en la Comunidad Valenciana una vez finalice (el 31 de diciembre de 2022) el actual servicio que se realiza de manera indirecta mediante concesión administrativa a siete empresas que ejercen esta actividad por reparto físico del ámbito geográfico”, señala el comunicado. Las entidades concesionarias consideran que el informe Nuve Consulting elaborado por la Conselleria contiene “errores, delirios, inexactitudes y falsedades” que van a intentar rebatir con un informe pericial. El presidente de la entidad, Paco Llopis, y su predecesor, Manuel Trigo, han manifestado en rueda de prensa que entienden que “tienen derecho a una reversión”, pero “con la verdad, no con unas falsedades para justificar una acción que es insostenible”. Además, creen que se trata de una reversión “completamente ideológica” que “no tiene ninguna justificación ni técnica, ni económica ni de calidad”. Mientras tanto, durante el día de hoy, se reunirán con el conseller de Economía, Rafa Climent, para abordar este asunto y pedirle explicaciones sobre este informe.
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