La Generalitat Valenciana se ha posicionado en contra del nuevo Plan Hidrológico del Tajo y ha anunciado que actuará preparando un recurso que presentará ante los tribunales para reclamar algunos de los cambios que incluye el Plan. En efecto, el proyecto incluye caudales medioambientales que afectarán de forma drástica al trasvase Tajo-Segura, como el de 8,5 metros cúbicos por segundo en Aranjuez. La propuesta del Gobierno es una disminución de 105 hm3 anuales, de los que al abastecimiento corresponden 27 hm3 y a los riegos del Trasvase 78 hm3. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) ha aprobado el envío de tres hectómetros de agua para abastecer a diferentes municipios que, supuestamente, deberían recibir agua del río Guadiana. Se trata de la primera vez en la historia del trasvase que ocurre este hecho. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, considera que “tenemos razones jurídicas, políticas, sociales y económicas para continuar defendiendo nuestra posición en el ámbito en el que sea necesario”. “Nos oponemos a cualquier medida que pueda suponer una disminución de las cantidades de agua que reciben esas zonas porque se trata de un recurso básico para las mismas y en este tema, por encima de cualquier otra consideración, la defensa de los intereses de los regantes alicantinos constituye una prioridad absolutamente irrenunciable para este gobierno”, ha declarado el presidente. Por su parte, los regantes afectados también han mostrado su descontento ante tal cambio que consideran perjudicial. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha explicado que “hemos demostrado con técnica que no era necesario alterar el régimen de caudales en los tramos del Alto Tajo, pero lo que ha ocurrido con esta planificación es más grave de lo que pensamos, pues ningún otro río español ha subido sus caudales ecológicos salvo el Tajo”. Respecto al documento con la planificación del Tajo, Jiménez cree que está “descoordinado” con la del Segura, lo que le parece una “burla al sentido común”. A su vez, el presidente de SCRATS piensa que este plan se ha realizado “a medida” para acabar con el trasvase Tajo-Segura, y prevé que todo ello afectará “al medio ambiente, a las personas, a los hogares, a los negocios y a los regadíos del Levante”.