El Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo ha aprobado este martes elevar el caudal ecológico del río en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. El Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 ha salido adelante con 47 votos a favor, 22 en contra y cuatro abstenciones, por lo que de ser ratificado por el Consejo de Ministros, se reducirá la cantidad de agua trasvasable al Segura. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez, ha explicado que el Plan incluye un programa de medidas en las que se invertirán más de 3.700 millones de euros hasta 2027, es decir, el año en el que todas las masas de agua deberán haber alcanzado el buen estado. Algunas de las medidas propuestas son la inversión de alrededor de 2.100 millones de euros en infraestructuras de saneamiento y depuración, así como la puesta en marcha de un régimen de caudales ecológicos en todas las masas de agua. Asimismo, el Plan incluye caudales medioambientales que afectarán de forma drástica al trasvase Tajo-Segura, como el de 8,5 metros cúbicos por segundo en Aranjuez. El proyecto del Gobierno es una disminución de 105 hm3 anuales, de los que al abastecimiento corresponden 27 hm3 y a los riegos del Trasvase 78 hm3. La Generalitat Valenciana se ha posicionado en contra del nuevo Plan Hidrológico del Tajo y ha anunciado que actuará preparando un recurso que presentará ante los tribunales para reclamar algunos de los cambios que incluye el Plan. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, considera que “tenemos razones jurídicas, políticas, sociales y económicas para continuar defendiendo nuestra posición en el ámbito en el que sea necesario”. “Nos oponemos a cualquier medida que pueda suponer una disminución de las cantidades de agua que reciben esas zonas porque se trata de un recurso básico para las mismas y en este tema, por encima de cualquier otra consideración, la defensa de los intereses de los regantes alicantinos constituye una prioridad absolutamente irrenunciable para este gobierno”, ha declarado el presidente. Muy diferente es la postura de Castilla La-Mancha, que ve con buenos ojos el documento aprobado por el Consejo del Agua. El presidente de esta autonomía, Emiliano García-Page, ha trasladado que esta decisión que ha tomado el Gobierno de España significa “muchísimo para esta tierra” y ha asegurado que “este apretón que acabamos de dar es muy importante”, aunque también ha reconocido que “no hemos llegado a la meta final”, ya que hace falta “otro apretón más” para dar con “la solución definitiva”.