El Consejo de Ministros aprobará este martes de forma definitiva el recorte del trasvase del Tajo al Segura, lo que supone un duro golpe para cinco mil empleos y muchas familias del sur de Alicante. La Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante se han posicionado en contra del nuevo Plan Hidrológico del Tajo y van a presentar sus respectivos recursos para reclamar algunos de los cambios que incluye el Plan. La Diputación de Alicante basará su recurso en un peritaje científico para saber cuáles son los efectos socioeconómicos y ambientales que la reducción del trasvase puede generar en la provincia de Alicante, ya que, según explica el director del Instituto del Agua y Ciencias Ambientales de la UA, Joaquín Melgarejo, parte de esa agua que se va a detraer se pretende sustituir con agua desalinizada, que tiene un mayor coste energético. Mientras tanto, el recurso ofrecido por la Generalitat basará su recurso en argumentos técnicos del orden hidrológico, haciendo hincapié en las pérdidas económicas que este recorte supondrá para el territorio. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón ha avisado de que si finalmente se aprueba el recorte “habrá una respuesta por parte del PP porque afecta al desarrollo futuro de la Comunidad Valenciana”. “Ya no hay matices: hay que elegir o PSOE o agua, aquí no valen las medias tintas. El martes es la última ocasión de evitar uno de los mayores desastres para el futuro de nuestra tierra y lamentablemente no tenemos mucha confianza en una solución”, ha manifestado Mazón.