Eduardo Zaplana está cada vez más cerca de sentarse por primera vez en el banquillo. El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha procesado al exministro de Trabajo con el PP y expresidente de la Generalitat Valenciana, así como a otras veinte personas, por el caso Erial. La operación gira en torno a la supuesta obtención de comisiones derivadas de las concesiones de las ITV de la Comunidad Valenciana en 1997 y del plan eólico autonómico en el año 2011. El caso investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales, soborno, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación y asociación ilícita. La jueza que instruye el caso cree que hay “indicios de que existía una organización formada por personas que, aprovechándose, algunas de ellas, de los cargos políticos que ostentaban en el momento de los hechos, o que habían ostentado, a lo largo de varios años junto con empresas existentes, aunque la mayoría creadas exprofeso, y ayudadas también por empresarios individuales, facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos unos en mayor cuantía que otros”. Además de Zaplana, también se ha procesado al que se considera su presunto testaferro, Joaquín Barceló, así como al expresidente de la Generalitat José Luis Olivas y Vicente y José Cotino, entre otros. Por otro lado, la jueza ha decretado el sobreseimiento provisional de la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y de su hija María.