La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha presentado alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en las que niega haber solicitado abrir el expediente sobre los casos de abusos por parte de su exmarido a una menor tutelada. Sin embargo, la vicepresidenta aseguró lo contrario hace algunas semanas. El Juzgado de Instrucción número 15 de València pedía al TSJCV la imputación de Oltra al considerar que existen hechos presuntamente delictivos atribuidos a la aforada y demás investigados en la causa. De hecho, el juez cree que “no existió en la sede de la Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino por el contrario de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos”. La defensa de Oltra alega que la vicepresidenta “realizó las manifestaciones en un contexto político y claramente condicionadas por la sensación de injusticia e impotencia que sentía al pensar que esa imputación no era más que la instrumentalización penal que estaba conllevando poner en tela de juicio la profesionalidad de todas las funcionarias y funcionarios de la Conselleria que habían tenido intervención, así como de los distintos profesionales intervinientes”. Por ello, los abogados de la vicepresidenta entienden que “esas expresiones realizadas en ese contexto no pueden ser valoradas como núcleo indiciario para sostener la necesidad de que sea oída como investigada por cuanto la realidad, constatada en la instrucción, es que Mónica Oltra en ningún momento ordenó, indicó, sugirió o indujo a crear ese expediente informativo”.  Los letrados cargan contra el juez que ha solicitado al TSJCV la imputación de Oltra al considerar que “no plantea ni razona, ni siquiera con un juicio de provisionalidad, por qué los indicios y juicios de valor que considera concurrentes o imputables a la señora Oltra puedan ser típicos”. Asimismo, denuncian que “no consta la existencia de ningún hecho que justifique que se realizaron actuaciones encaminadas a encubrir los hechos denunciados por la menor y en perjuicio de ésta”. “Estas elucubraciones no pueden sostener ningún indicio, toda vez que lo relevante es que existiera algún hecho concreto y acreditado de donde se derive la participación de la señora Oltra y que, además, este hecho tuviera naturaleza delictiva, debiendo tener una especial prudencia para evitar la desnaturalización del proceso penal, provocando que un juicio de oportunidad estrictamente político acabe resolviéndose en los tribunales de la jurisdicción penal. La justificación de la imputación penal nos resulta cuanto menos insostenible en el marco jurídico de este procedimiento”, han señalado.