La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha atribuido a la vicepresidenta de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, un plan para ocultar los abusos que su exmarido ejerció contra una menor tutelada por la Generalitat.
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha atribuido a la vicepresidenta de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, un plan para ocultar los abusos que su exmarido ejerció contra una menor tutelada por la Generalitat. Además, también se le acusa de “desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad”.
Ahora, el órgano ha concluido que la vicepresidenta de Igualdad y el resto de investigados cometieron un presunto delito de “omisión del deber de perseguir delitos”. “Todos los intervinientes dejaron de cumplir a sabiendas su obligación, como encargados de la custodia y tutela de la menor, de poner en conocimiento de la Policía, Fiscalía de Menores, Administración de Justicia los abusos manifestados”, ha determinado la fiscal.
En este sentido, la Fiscalía considera que “nadie se preocupó de proteger a la menor de dichos abusos, hasta el punto de que el educador autor material de los mismos fue repuesto en sus funciones”.
El escrito que la Fiscalía ha remitido a la sala de los lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) insiste en que se realizó una “investigación superficial, interna, en la que se percibe indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos”.
Respecto al expediente que la Conselleria de Igualdad llevó a cabo al margen del procedimiento judicial, la fiscal cree que existe “un evidente indicio” de que la finalidad de dicho expediente “no fue esclarecer los posibles errores en que pudieran haber incurrido las personas que ejercían funciones públicas relacionadas con la tutela de la menor”, sino la de “esclarecer la credibilidad del testimonio de la menor, todo ello cuando ya estaban los hechos siendo investigados en vía judicial desde el 28 de julio de 2017”.
Por ello, declara que el expediente “carece de sentido”, máxime cuando “ya habían pasado casi seis meses de la manifestación de la menor sobre los abusos y se seguían diligencias en el juzgado sobre esos hechos”.
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