La Generalitat Valenciana ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. La Generalitat cree “necesario” que el Tribunal Supremo se pronuncie para “determinar si cuando se realiza una evaluación ambiental por el procedimiento simplificado por considerar que es válida y suficiente, porque los informes ambientales concluyen que no tiene efectos significativos para el medio ambiente, puede equiparse a la ausencia total de evaluación ambiental en caso de que se considere que debería haberse acudido a la ordinaria”. La consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha expresado su desacuerdo con esta decisión, así como la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, que ha aclarado que ésta “no es una decisión del gobierno de la Generalitat en su conjunto”. “Desde Compromís no compartimos esta decisión”, ha matizado. El vicealcalde de Valencia, Sergi Campillo, tampoco entiende esta decisión por parte de la Generalitat valenciana. “Desgraciadamente, en los últimos tiempos estamos bastante acostumbrados a que desde el grupo socialista siempre se ponga por encima o por delante el interés económico”, ha lamentado. La coordinadora y síndica de Unides Podem, Pilar Lima, también se ha sumado a las quejas que ha propiciado esta decisión. “Esto no es reparar el daño causado, esto es volver a golpear a las vecinas y a los vecinos de La Punta”, ha asegurado.