El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ) ha acordado admitir a trámite el recurso de amparo interpuesto por el PP en el Congreso contra la admisión de las enmiendas de la Ley Orgánica del TC y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, suspendiendo así su tramitación parlamentaria.
Las enmiendas son relativas a la designación de los magistrados del TC, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
El TC señala que "los diputados recurrentes en amparo alegan la vulneración de su derecho al ejercicio del cargo representativo de conformidad con lo establecido en la ley en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de aquellos representantes, como consecuencia de la introducción de enmiendas por parte de la mayoría parlamentaria a la referida Proposición de Ley Orgánica que no guardan conexión de homogeneidad con el texto enmendado".
El Tribunal ha apreciado que la vulneración de derechos fundamentales alegada no carece a primera vista de verosimilitud, atendiendo a "la doctrina constitucional sobre el ejercicio del derecho de enmienda y la relación de homogeneidad que ha de existir entre las enmiendas y la iniciativa legislativa que se pretende modificar".
Igualmente ha considerado que la cuestión planteada en este recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional al estimar que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de “relevante y general repercusión social”, que, además, tiene “unas consecuencias políticas generales”.
Asimismo, el TC ha estimado la solicitud de medidas cautelarísimas formulada por los recurrentes en amparo y, en consecuencia, ha acordado suspender cautelarmente, conforme la tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, introducidos en la referida Proposición de Ley Orgánica, que derivan de las dos enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos.
