El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) mantiene la suspensión de la obligación de la Diputación de Alicante de aportar más de 13 millones de euros al Fondo de Cooperación Municipal.

Después de suspender cautelarmente dicha obligación el pasado 2 de diciembre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha vuelto a dar la razón a la institución provincial. El órgano judicial ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por la Generalitat Valenciana, alegando que no es aceptable que "suplante e interfiera" en las competencias de las diputaciones.

El auto señala que la la Diputación de Alicante tiene autonomía financiera para alcanzar o administrar sus recursos y acaparar la toma de decisión en sus prespuestos. 

El TSJ expone que lo que corre peligro “es el legítimo interés en preservar la autonomía de la Diputación en gestionar sus recursos dentro del marco legal que le confiere unas determinadas atribuciones”.

Asimismo, la Diputación de Alicante considera que la postura del Consell vulnera la Constitución y la autonomía de las instituciones provinciales.