Cuatro años han bastado para cuestionar los adjetivos negativos aplicados a la España de la despoblación. Ni España vacía, ni España vaciada. Mejor, España Rural Viva. Aquella manifestación en Madrid ( 31 de marzo de 2019) fue punto de arranque de una movilización que terminaba con décadas de ignorancia de las Administraciones -salvo la local- y de los medios de comunicación nacionales, solo pendientes de la realidad urbana.
Estamos ante un punto de inflexión. Se ha constatado en el IV Congreso de Despoblación y Reto Demográfico organizado por la FEMP. El camino de la recuperación tan solo se ha iniciado y ni siquiera es así en toda España. Sigue el goteo de salidas hacia las ciudades; e incluso hay más de veintisiete capitales de provincia que pierden población. Pero, como dice Frances Boya, secretario general de Reto Demografico, “solo se salvarán aquellos pueblos que tengan proyecto”. Muchos lo tienen y otros se afanan por tenerlo. Ayuntamientos y Diputaciones lo intentan, aunque faltan técnicos para pedir fondos disponibles. Hay un centenar de organizaciones no gubernamentales trabajando en el territorio. Y una legión de emprendedores que son la esperanza y que reclaman a las administraciones ayudas y simplificación de trámites. Por ejemplo, para legalizar las fincas hoy abandonadas por la despoblación histórica que solo en Galicia pasan del medio millón, según estima la Xunta. O para “liberar” viviendas que terminarán derruidas si no se ocupan y que bien podrían acoger a los que sí quieren vivir en zonas rurales. El Covid ayudó, más que a repoblar, a cambiar la idea de que el mundo rural es más conveniente para la salud, incluida la mental.
En ese Congreso de la Federación Española de Municipios y Provincias se han intercambiado experiencias. Castilla La Mancha aprobó su pionera Ley de Despoblación por unanimidad. Le siguió Extremadura. Galicia asegura que premia más que nadie la natalidad. Otras Comunidades, como Andalucía, quieren recuperar terreno. Valencia descubre que tiene dos realidades: un país en la costa y otro bien distinto en su interior despoblado. Y así sucesivamente.
Se estudian beneficios fiscales para los residentes en la España rural porque tienen los servicios más lejos y porque su presencia allí es una garantía para el mantenimiento medioambiental de un país profundamente desequilibrado territorialmente: el ochenta por ciento de los españoles vive en sólo el veinte por ciento del territorio.
Un anuncio del Gobierno estimula el ánimo: a través de Hispasat ya se tiene acceso a Internet de alta velocidad con subvención directa para instalar equipo y costear la factura mensual. “Ahora sí podremos frenar la despoblación al conectar con alta velocidad todos los rincones de España”, declara Miguel Angel Panduro, consejero delegado de Hispasat.
Reconforta seguir un Congreso así porque se respira consenso institucional. Aunque diputaciones y ayuntamientos reclaman más financiación a las Comunidades Autónomas, porque prestan servicios que no les corresponden, y a su vez, éstas reclaman más dinero al Estado, nada que ver con el choque dialéctico y la polarización que se vive en los parlamentos. Ese consenso es garantía de avance: a ver quién se opone a la aprobación de leyes tan demandadas. “En estos años se cayó el complejo de ruralidad, de ser de pueblo. Ahora hace falta que las leyes y las normas se aprueben después de ser examinadas con una lupa rural”, afirma Miguel Gracia, presidente de la Diputación de Huesca. Estamos entrando en un tiempo nuevo. Hay muchos problemas, sí, pero también esperanza.
