La Diputación de Alicante presenta hoy su recurso contencioso ante el Tribunal Supremo contra los recortes al trasvase del Tajo-Segura. La institución pide la suspensión cautelar e inmediata del primer aumento del caudal ecológico.
El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha alertado de que "este primer hachazo al trasvase supone, solo en la provincia de Alicante, una pérdida de actividad económica de 84,9 millones de euros, unido a la destrucción de más de 2.400 puestos de trabajo en todos los sectores".
Mazón critica que "la decisión arbitraria del Gobierno de subir un metro cúbico el caudal ecológico está generando ya un perjuicio económico, social, medioambiental e hidrológico para nuestro territorio". Asimismo, se ha desmarcado de la Generalitat, señalando que ésta "sí acepta esa primera subida", pero "la Diputación no".
Además, el presidente de dicha institución asegura que el recurso está respaldado por distintos informes técnicos y académicos realizados por expertos en el que se exponen las consecuencias que la nueva planificación dejará sobre la cuenca del Segura.
El recurso advierte del coste energético y medioambiental de sustituir el agua del trasvase por agua desalada, lo que provocará un encarecimiento de las tarifas del agua.
