Vamos a la compra, y nos damos cuenta rápidamente, Y si no, ahí están los telediarios, un día detrás de otro: el precio de los alimentos por las nubes y los agricultores clamando por el ansiado apoyo público que no acaba de llegar.
Si no hay ayudas, esos precios continuarán disparados. A pesar de que hay señales de que la inflación empieza contenerse, los alimentos son un 16,5% más caros. Una cesta de la compra que está en el centro de nuestras preocupaciones. Y de las del campo.
Hace una década, los costes de producción suponían entre un 40% y un 45% del valor de la producción final agraria. Hoy se acercan al 60%. Hace unos días me reuní con empresarias del sector agrícola, vitivinícola y ganadero y el mensaje que me dieron fue que hoy en día los agricultores no son capaces de cubrir costes. Por si fuera poco, al aumento del precio de la energía y los problemas de suministro se suma que desde la UE se está negociando una avalancha de legislaciones que pueden ser el remate, si se basan más en ideología que en datos y realidades.
Por ejemplo, la reducción en un 50 % en el uso total de los plaguicidas químicos de aquí a 2030. Desde el sector se señala el impacto negativo de rebajar ese porcentaje para la producción en la UE en la seguridad alimentaria y la autonomía europea. Hay decenas de miles de familias y muchas regiones cuyo desarrollo depende de la viabilidad del sector.
Yo me atrevo a ir un paso más allá: creo que la propuesta de la Comisión no está suficientemente justificada. El análisis de impacto no tiene en cuenta la guerra de Ucrania, con sus consiguientes repercusiones sobre la inflación y la disrupción en los mercados, ni tampoco –y esto es importante-- los avances logrados estos últimos años mediante la lucha biológica o la producción integrada y la reducción en el uso de fitosanitarios.
Claro que sería deseable reducir los pesticidas, pero no se puede legislar sin datos. Ni hacerlo asumiendo que toda Europa es igual. Lo que vale para Finlandia es probable que no se pueda aplicar en España. A mi parecer, en estas cuestiones tan críticas se debe legislar teniendo en cuenta las diferencias entre climas, los tipos de cultivos y la disponibilidad de alternativas biológicas.
Antes de imponer nuevas metas, hay que tener en cuenta otros factores como la lentitud en la autorización de métodos alternativos a los convencionales, la creciente exposición de los cultivos a nuevas enfermedades y plagas, los efectos del cambio climático sobre las mismas y la necesidad de dotar al sector de instrumentos financieros de compensación de pérdidas graves en cosechas debidas a enfermedades incontrolables. Si no se legisla con la mente puesta en este creciente desequilibrio, el campo español va a plantarse. Es normal que lo haga.
Y hablando del campo, aquí tenemos otro grandísimo reto con muchas repercusiones: la gestión del agua. Cada vez amarillean más los cultivos de toda España. El hecho de que incluso en tierras asturianas se empiece a vivir el impacto de la falta de humedad evidencia el enorme desafío al que nos enfrentamos.
Estos meses de sequía están siendo especialmente duros. Pero, durante años, la situación del campo ha pedido a gritos una reforma del sistema de gestión de agua más sostenible y que acompañe a la nueva realidad tecnológica. El PERTE del agua podría ser una oportunidad para hacer frente a las necesidades, para lograr un uso más eficiente de los recursos, pero ocurre como con las ayudas del plan de recuperación: mucho anuncio y poco impacto. A pesar de que se presentó hace más de dos años, los agricultores nos dicen que aún no han recibido fondos. Sin ellos no pueden acometer las inversiones necesarias para una utilización más eficaz del agua.
Me preocupa mucho lo que viene en los próximos meses. Espero que el Gobierno no se ponga de perfil y que durante la presidencia rotatoria de la UE que liderará nuestro país en el segundo semestre del año no se tomen decisiones voluntaristas y teóricas alejadas de la realidad que viven miles de agricultores en España día a día.
