Nuevo varapalo de la Justicia a las políticas del Botànic. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana ha anulado varias disposiciones del decreto de dependencia aprobado por el gobierno de Ximo Puig, una de ellas la que establecía una reducción a 1.825 euros mensuales en la prestación de asistente personal de las personas mayores de 65 años cuando las personas más jóvenes cobrarían 2.350 euros.

La sentencia estima el recurso de la patronal de residencias Aerte al decreto de la Generalitat de agosto de 2022 que establecía el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas.

La sentencia indica además que la falta de una justificación razonable de la reducción implica su insostenibilidad jurídica y humana por lo que debe ser estimada su impugnación.