Decían de Francisco Álvarez Cascos, una de las manos derechas de Aznar, que en realidad nunca fue secretario general de su partido, el PP, sino ‘General’ secretario. Así, a lo militar.

España, el Estado, tiene hoy en día un Fiscal general que cada vez es más un ‘General’ fiscal, así, a lo militar. Hoy este señor, que ejerce un cargo cuyo nombramiento depende del Gobierno, es decir, de Pedro Sánchez, ha acusado a los fiscales del procés de “comprometer la neutralidad de la Fiscalía”. ¿Por qué?, pues porque ellos no ven amnistiable el delito de malversación por el que Puigdemont fue condenado y posteriormente indultado.

Álvaro García Ortiz, el hombre que sonríe cuando trabaja, como José Coronado sonríe cuando no trabaja, está al borde de la imputación por otro asunto: la filtración de los datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso, de la que él siempre se ha responsabilizado, y que la fiscal superior de Madrid confirmó ayer en un juzgado que le había sido ordenada por él, por el ‘General’ fiscal. Un fiscal general imputado es algo inédito en nuestra democracia, como tantas otras cosas han sido inéditas hasta que el actual estado de cosas de la política española las ha propiciado.

Dicen que no va a tener más remedio que acabar dimitiendo. Pero también dicen que antes hará todo lo que tenga que hacer, aunque casualmente convenga a quien le ha puesto en el cargo. Porque pese a que el Gobierno tiene prohibido dar órdenes a los fiscales también es quien nombra a este fiscal, y este fiscal cesa por ley con el Gobierno que lo ha propuesto.

Seguramente por eso Pedro Sánchez, hace unos años, preguntado en una televisión por la independencia de la Fiscalía, se preguntó a sí mismo: “la Fiscalía, ¿de quién depende?”. Y se contestó a sí mismo: “pues ya está”. Pues ya está.