La actriz Elisa Mouliaá ha pedido que Íñigo Errejón, exportavoz de SUMAR, sea juzgado por delito continuado de abuso sexual, tras supuestos hechos ocurridos en octubre de 2021. La petición incluye 3 años de cárcel, 30.000 € de indemnización y fianza con investigación patrimonial en caso de impago. Este caso no es solo judicial: coloca a Errejón y a SUMAR en el epicentro del debate político. SUMAR es uno de los aliados de Pedro Sánchez en su pacto con Podemos, y cualquier escándalo de sus dirigentes repercute directamente en la credibilidad del gobierno progresista.

La acusación contra Errejón

El escrito judicial detalla tocamientos no consentidos, besos y comentarios sexuales, que la acusación califica de delito continuado. El juez que procesó inicialmente el caso consideró que existen indicios suficientes para abrir un juicio, dejando claro que la denuncia tiene sustento, más allá de la repercusión mediática. La acusación también solicita fianza e investigación patrimonial, en caso de que Errejón no pague la indemnización. La gravedad de los hechos y el perfil del acusado han generado un fuerte debate público y político.

Errejón niega los hechos y sostiene que la denuncia es un “relato inventado”. Su defensa argumenta que no existen indicios racionales de delito y que las conversaciones posteriores con Mouliaá desvirtúan la acusación.

Pero el caso tiene un trasfondo político innegable: Errejón no es un ciudadano cualquiera. Su rol como exportavoz de SUMAR —partido aliado de Sánchez y Podemos— convierte este proceso en un pulso mediático y político, donde la izquierda progresista se ve señalada por la ética de sus dirigentes.

Impacto político: el pacto Sánchez-Podemos en la mira

El escándalo de Errejón genera un efecto directo sobre la percepción del gobierno de Sánchez, que depende de aliados como Podemos y SUMAR para mantener su mayoría. La derecha y los críticos de la izquierda progresista ya apuntan que este caso evidencia doble rasero moral y falta de transparencia en los partidos de gobierno. No es solo un juicio: es un aviso de que los ciudadanos esperan responsabilidad y ética, y que los escándalos de los aliados de Sánchez pueden tener repercusiones políticas inmediatas.

Relevancia social y mediática

El caso recuerda que ningún político está exento de rendición de cuentas, y que las instituciones judiciales pueden actuar incluso contra figuras mediáticas de alto perfil. Cada paso del proceso, cada declaración y cada filtración será escrutado, y la cobertura mediática influirá en la opinión pública sobre consentimiento, abuso de poder y responsabilidad política. Mientras tanto, la defensa de Errejón prepara su estrategia legal, pero la sombra mediática ya proyecta a SUMAR y a la izquierda progresista bajo el foco, cuestionando la ética de quienes forman parte del pacto Sánchez-Podemos.