El PSOE atraviesa un nuevo momento de tensión tras el llamado “caso Salazar”. Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política de la Presidencia del Gobierno y mano derecha de Francisco Salazar, ha sido cesado fulminantemente de sus cargos, tanto en Moncloa como en la estructura interna del partido. El movimiento busca contener la crisis provocada por las denuncias de acoso sexual y presunto encubrimiento que han sacudido al partido en las últimas semanas.
Hernández también abandona su puesto en la Ejecutiva del PSOE en Andalucía, donde dirigía la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva. Su destitución se produce tras semanas de críticas internas y presión mediática, que señalaban que su cercanía a Salazar lo convertía en cómplice de los errores y omisiones que el partido ha reconocido públicamente. Fuentes cercanas aseguran que, aunque Hernández niega las acusaciones, su permanencia resultaba insostenible para la dirección del partido.
El cese de Hernández se interpreta como un intento del PSOE y del Gobierno de “lavar la cara” tras meses de críticas por la gestión de las denuncias internas. Sin embargo, analistas y miembros del propio partido consideran que la crisis va mucho más allá de un solo cargo: evidencia fallos estructurales en cómo la formación maneja denuncias graves y protege a los denunciantes. La demora en reaccionar y la percepción de encubrimiento han aumentado el daño a la imagen pública del partido y del Gobierno.
Mientras tanto, el PSOE promete un informe interno que contemple medidas de apoyo jurídico y psicológico para las denunciantes. También se estudia la posibilidad de derivar los hechos a la Fiscalía si las víctimas lo solicitan, aunque hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia formal. A pesar de estos pasos, la credibilidad del partido sigue en entredicho, y los observadores advierten que el cese de Hernández puede resultar insuficiente si no se abordan los problemas de fondo en la gestión interna.
Con esta destitución, el PSOE intenta cerrar un capítulo crítico del escándalo Salazar, pero el coste político y mediático ya está hecho. La formación deberá demostrar que sus medidas no son solo un gesto simbólico, sino cambios reales que aseguren transparencia y protección a quienes denuncian abusos dentro de la organización.
