La inspectora que presentó la querella por presunta agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía ha criticado con dureza al ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, por permitir que el acusado dimitiese en lugar de ser destituido de inmediato, y por no garantizar su protección desde el primer momento. La gestión institucional de su seguridad y la respuesta política al caso han mostrado fallos evidentes.

La crisis política continúa escalando. Durante la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, el PP volvió a exigir la dimisión de Marlaska, mientras se debatía si el Ejecutivo actuó con la firmeza mínima que exige una presunta agresión sexual dentro de la Policía.

El malestar social no se limita a la oposición: cada vez son más los sectores que señalan la contradicción entre la retórica feminista del Gobierno y su incapacidad para proteger de forma real a las víctimas. La actuación percibida como lenta o insuficiente ha avivado un debate público intenso sobre la coherencia de las políticas de género en España.

El PP insiste: si Marlaska no conocía la denuncia, eso revela una incompetencia institucional inaceptable; si lo sabía, constituye encubrimiento. En cualquiera de los casos, el mensaje es claro: cuando se trata de proteger a las víctimas, el Gobierno no está cumpliendo con lo que predica.