En los últimos días, más de 400 pisos turísticos en Valencia han amanecido con pintadas en las fachadas y cerraduras forzadas o destrozadas, especialmente en barrios como Cabanyal, Malvarrosa, Patraix, Benimaclet, Benicalap, Campanar, El Carmen o Morvedre, informan fuentes periodísticas. En muchos casos las pintadas contienen mensajes como “Muerte a Airbnb”, una señal —aún sin reivindicación formal de ningún colectivo— de la tensión que genera la proliferación de alojamientos turísticos en espacios tradicionalmente residenciales.

Este episodio coincide con el inicio de las #Falles2026, unas fiestas que multiplican la presencia de visitantes en la ciudad y ponen aún más de manifiesto el debate sobre el impacto del turismo residencial en la vida urbana, el acceso a la vivienda y la convivencia entre residentes y visitantes.

Según los datos del Sistema de Inteligencia Turística, en Valencia hay aproximadamente 9.003 apartamentos turísticos anunciados en plataformas como Airbnb o Booking, una cifra sensiblemente superior a las 5.952 viviendas de uso turístico registradas oficialmente en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana. Esta discrepancia sugiere que miles de alojamientos podrían estar operando fuera de la legalidad.

La llegada masiva de turistas —potenciada por eventos multitudinarios como las Fallas— se ha visto acompañada por quejas de residentes en diversos barrios debido al ruido nocturno, la rotación continua de ocupantes y la pérdida de actividades tradicionales de proximidad, como panaderías o quioscos, que son sustituidas por servicios orientados al turista.

Respuesta normativa de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia

La proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) ha llevado a las instituciones a poner en marcha medidas regulatorias en los últimos años:

Depuración del Registro de Turismo: la Generalitat Valenciana ha impulsado un proceso para dar de baja viviendas que no cumplen con los requisitos formales, como la falta de referencia catastral única e individualizada, eliminando miles de registros en fases anteriores como parte del cumplimiento del Decreto Ley 9/2024 que regula las VUT en la Comunitat Valenciana.

Normativa municipal restrictiva: el Ayuntamiento de València ha aprobado una norma que limita que solo el 2 % de las viviendas de cada barrio pueda destinarse a alojamientos turísticos, con múltiples mecanismos de protección del uso residencial y comercial en barrios, así como medidas para evitar su concentración en manzanas o zonas concretas.

Moratoria y actuación policial: desde 2024 se mantiene una moratoria a nuevas licencias de pisos turísticos y se ha reforzado el control y las denuncias por parte de la Policía Local, lo que ha contribuido a una reducción de hasta el 14 % de apartamentos turísticos en la ciudad según datos oficiales del propio Ayuntamiento.

Medidas de reconversión: el Consistorio también ha anunciado un plazo temporal para que los pisos turísticos ilegales puedan convertirse en viviendas residenciales, «facilitando una salida legal» a propietarios de aquellos inmuebles que no cumplen con los requisitos urbanísticos o de licencia.

Ultimátum para su reconversión: además, el Ayuntamiento ha dado un plazo de 6 meses a los pisos turísticos ilegales para optar por el uso residencial, con el objetivo de reducir la oferta irregular y aliviar la presión sobre el mercado de vivienda.

Un debate que va más allá de ataques vandálicos

Más allá de los actos de vandalismo, que son motivo de investigación por parte de las autoridades, el problema que subyace es el debate social y urbano en torno al modelo turístico de València. La coexistencia de residentes y turistas ha generado tensiones —desde el ruido hasta las dinámicas de vivienda— que se intensifican en fechas como las Fallas, cuando la ciudad acoge a miles de visitantes y cuando la presión sobre el parque de vivienda se hace más visible. La normativa autonómica y local busca dar marco jurídico a estos fenómenos, intentando equilibrar el derecho a la vivienda con la actividad económica vinculada al turismo, sin perder de vista la convivencia y la planificación urbana sostenible.